Carta abierta

DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE CULTURA PUERTORRIQUEÑA UBICADOS EN LA REGION DE PONCE

• AL PUEBLO DE PUERTO RICO, PONCE Y LA REGION SUR
• A LAS AUTORIDADES DE GOBIERNO
• A LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y CULTURALES DEL PAIS Y LA REGION
• A LOS MUNICIPIOS DE LA REGION
• A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• A TODOS LOS INTERESADOS EN LA CULTURA PUERTORRIQUEÑA

El Instituto de Cultura Puertorriqueña, de forma abrupta y sin informar ni consultar ni a nosotros ni a la ciudadanía que servimos, ha decidido cerrar sus servicios en la ciudad de Ponce efectivo el pasado primero de julio de 2011. Las oficinas clausuradas han sido las de Promoción Cultural y la de Patrimonio Histórico Edificado, y se ha afectado una secretaria asignada al Programa de Museos y Parques. Desde ahora en adelante, los servicios de la agencia serán impartidos desde la oficina central en San Juan, y en Hatillo, Jayuya, Mayagüez y San Germán. La costa sur, rica en recursos patrimoniales y tradiciones típicas, pierde la gestión facilitadora y atenta sobre lo cultural brindada por los servidores públicos que operaban desde las oficinas ubicadas en las casas Armstrong Poventud y Wiechers Villaronga en el mismo corazón de la Perla del Sur.

Los cuatro empleados que aquí trabajamos - haciendo casi lo indecible por asegurar que la ciudadanía sea adecuadamente atendida y que las necesidades culturales del sur tengan respaldo de nuestra agencia y de los recursos a nuestra disposición- hemos sido trasladados de manera abrupta y onerosa fuera de la región. Hemos hecho del sur de la isla nuestro hogar – vivimos en Guánica, Guayama y Ponce – y conocemos bien las situaciones particulares del Sur.

No hay ninguna excusa para eliminar los servicios del icp en esta región. Trabajamos desde edificios propiedad de la agencia – no se paga alquiler de local a nadie - y los gastos adicionales invertidos en electricidad para equipos de oficina, telecomunicaciones y aire acondicionado son mínimos. Si viajamos a pueblos colindantes o cercanos, los gastos de millaje y dietas son relativamente bajos. Esto ahorra dinero y recursos que quedan disponibles para invertir en nuestra cultura.

Nuestros representantes sindicales del Programa de Solidaridad de la utier (prosol-utier) han actuado prontamente en intentar evitar esta acción que violenta las leyes laborales, especialmente la Sección 6.4.2 de la Ley 184 de 2004, y el capítulo xxxii de nuestro Convenio Colectivo que ha sido vuelto a poner en vigor. Pero los directivos de la agencia, en particular nuestra Directora Ejecutiva Mercedes Gómez Marrero, el subdirector Sr. Freddy Vélez, y la directora de recursos humanos Iralda Abarca, han adoptado una actitud terca y temeraria de no ceder ni escuchar, de no dar absolutamente ninguna oportunidad de escucharnos con una actitud arrogante e irrespetuosa. Se nos han enviado a toda prisa cartas amenazando con sanciones disciplinarias, sin tan siquiera tener la delicadeza y el respeto hacia nosotros de contactarnos y preguntar el porqué de nuestras alegadas ausencias.

Hemos sufrido quebrantos de salud abruptos y los compañeros con condiciones médicas preexistentes las han sentido agravarse. Se han ignorado peticiones de acomodo razonable hechas por algunos empleados por razones legítimas de salud certificadas por médicos. Por otro lado, los cambios de personal y la necesidad de mudar correspondencia, equipos y materiales de unas oficinas a otras causarán demoras en los servicios y disminución en la productividad de los empleados afectados y la agencia en general.

A pesar de que se ha solicitado, no se nos ha suministrado copia del alegado “plan de reorganización administrativa” usado como justificante para desmantelar los servicios del icp en la región Sur. Sospechamos que no existe, y que los traslados se han hecho en realidad de manera arbitraria en desprecio de la Ley. Más grave aún, informaciones que han llegado a nuestros oídos dan a entender que el desmantelamiento y los traslados se han dado por alegados problemas de disciplina de parte de algunos empleados. Queremos aclarar que aunque no negamos algunos incidentes que han ocurrido en nuestras oficinas, estos no son más graves que los ocurridos en otras oficinas de la agencia, o en otras agencias gubernamentales o empresas privadas. Las leyes y los reglamentos proveen para resolver querellas de indisciplina y mal comportamiento de parte de los empleados. Sin embargo, como es aclarado en la §6.4.2(d) de la Ley 184 de 2004, y en la §32.3 del Convenio Colectivo icp-prosol-utier, el uso de los traslados como medida disciplinaria está terminantemente prohibido.

La gerencia de la agencia solo plantea que llevemos nuestros sufrimientos a un proceso de quejas y agravios. Pero este proceso presupone que los empleados afectados tienen que aceptar estos traslados ilegales e improcedentes y entrar en un juego de correspondencia agotador y que puede terminar resolviéndose en meses, si no años. Y se presume que la situación laboral que da pie a esas quejas resultó de acciones presumidas correctas y hechas en buena fe, lo que NO es el caso aquí. Un proceso de quejas y agravios es improcedente para situaciones atropellantes, injustas y deshonestas como las que estamos padeciendo. El patrono tiene que abstenerse de continuar con sus actitudes olímpicas e inhumanas, reflejo de improvisación y mala administración; y debe primero que nada DESISTIR de traslados violatorios de derechos básicos que no resuelven absolutamente ningún problema a nuestra agencia y que, en todo caso, empeoran la prestación de servicios a los ciudadanos de una amplia zona de nuestra geografía.

Nos resistimos a creer que este cierre abrupto del icp en Ponce y la Región Sur es parte de alguna política pública sensata del Gobierno como totalidad, y pedimos que la Junta de Directores de nuestro Instituto y las instancias centrales del Gobierno intervengan para detener esta decisión nefasta. Aunque parezcan pocos los empleados afectados, se presenta una apariencia de desinterés y desprecio por parte del gobierno a la defensa, promoción y realce de nuestra cultura, en particular el patrimonio edificado, las artesanías y las expresiones intangibles como música, canto, literatura, teatro y danza. Pedimos al gobernador Hon. Luis Fortuño Burset que impida que este proceso de traslado continúe. Solo pedimos un diálogo franco entre los empleados de la región y nuestros supervisores y directivos para que el Instituto de Cultura Puertorriqueña vuelva a funcionar como una gran familia enfocada en defender los valores identitarios y espirituales de nuestro pueblo.

En Ponce, Puerto Rico, hoy 6 de julio de 2011.

(firmado)

Zenaida Feliciano López / Secretaria iii

Programa de Promoción Cultural y Artes Populares

Residente en Ponce / Trasladada a Mayagüez

(firmado)

Amaury Morales Santiago / Oficinista i

Programa de Promoción Cultural y Artes Populares

Residente en Ponce / Trasladado a San Juan – Administración de Documentos

(firmado)

Arq. Jorge Ortiz Colom / Arquitecto Conservacionista (“conservacionista iv”)

Programa de Patrimonio Histórico Edificado y Mejoras Permanentes

Residente en Guayama / Trasladado a San Juan

(firmado)

Iris M. Toro Burgos / Oficinista iii

Programa de Museos y Parques

Residente en Guánica / Trasladada a Hatillo – Promoción Cultural

AMS/IMTB/JOC/ZFL/joc