Patrimonio, historia y territorio

PATRIMONIO, HISTORIA Y TERRITORIO

La aportación del Instituto de Cultura Puertorriqueña a la revitalización y recuperación territorial con énfasis en lo urbano, y reflexiones sobre la conservación patrimonial.


Arq. Jorge Ortiz Colom

Arquitecto Conservacionista

Instituto de Cultura Puertorriqueña, Ponce, P.R.


22 de agosto de 2002 – Revisado 12 de noviembre de 2002


Puerto Rico, isla de unos 9000 km2 de territorio definido puede más que otros lugares recibir un “buen cuido”- es más precisa la palabra inglesa stewardship1 – donde sus bienes tangibles e intangibles se manejan hacia un bienestar común, sin limitar posesión o disfrute particular de los mismos. El stewardship incluye lo cualitativo, el análisis de beneficio a largo plazo y la inclusión de valores trascendentes como los históricos y culturales, los que dependen de una conciencia social que se construye en el tiempo. Parte de ese proceso, desde el Estado, ha sido facilitado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

El entorno humano total – urbano y rural inseparables - de Puerto Rico es un palimpsesto en el cual varias culturas escribieron diversas aportaciones. Los parques ceremoniales indígenas, los pueblos antiguos, las haciendas agrícolas y la infraestructura de transporte, comunicación y abastos son un entorno humanizado diverso, complejo y contradictorio. Pero la modernización de post-II guerra mundial introdujo valores que han destruido este legado.

Hoy la tierra es una “mercancía” o una “inversión”, no un patrimonio ni un bien valioso y soporte de la vida. Estos tiempos se expresan en una media tinta de edificaciones regadas por doquier sin definir lugares ni identidad, mientras los campos y pueblos sucumben al abandono y putrefacción.

A este fenómeno se han enfrentado individuos y grupos, cada vez con más intensidad y vehemencia defendiendo unos la ecología y otros el patrimonio. Esta última hasta ahora había ostentado un papel secundario y periferal aunque han existido campañas vigentes desde la década de 19202. Hoy el reclamo por los lugares patrimoniales regresa militante contra la continua descaracterización de lugares que en la opinión popular representan fragmentos de identidad. Esta lucha no se ha dado al margen del ecologismo sino paralelo y a menudo conjuntamente y en mutuo refuerzo.

Por parte del Estado, el primer esfuerzo conservacionista concertado fue la “Junta Conservadora de Valores Históricos”, Ley 27 de 19303. Este ente coordinado por el Secretario del Interior (antecesor del actual de Obras Públicas) protegía lugares mediante la posibilidad de designarlos luego de lo que estos “no podr[ía]n ser alterados en forma que afecte su apariencia original” sin el visto bueno de esta Junta (§6). También eran apoderados para hacer gestiones a nombre del Estado para persuadir la conservación de patrimonio mueble e inmueble (§7). Esta ley fomentaba en su §9 “el ornato y embellecimiento de las poblaciones de Puerto Rico, y especialmente de los parques, arboledas y calles”, prefigurando otras iniciativas posteriores que siguen hasta nuestros días4.

También esta Junta recibía el mandato de iniciar la coordinación de un archivo histórico; la conservación de obras significativas de la literatura puertorriqueña y la memoria de “patricios” con servicios distinguidos al país. La Junta tenía así una función, en papel, múltiple y en cierto sentido prefiguratoria de lo que sería el icp un cuarto de siglo más tarde. Pero, falta de recursos y de apoyo oficial, languideció apenas logrando unas pocas designaciones y algunos esfuerzos tímidos para estimular la conservación de otros elementos patrimoniales5.

La modernización posterior a 1945 quebró el tradicional paradigma de formación del entorno humano al iniciarse la destrucción de fincas agrícolas extensas para crear colonias urbanas fragmentadas. El industrialismo y la emigración traeron vivencias y situaciones distintas e inéditas al pueblo boricua; con efectos inesperados sobre el territorio.

Ya San Juan, la vetusta capital amurallada, prefiguraba su transformación a un recinto moderno dejando unas cuantas reliquias. Esto fue frenado por esfuerzos cívicos en los cuales descolló la aportación del sanjuanero Ricardo Alegría Gallardo6 lográndose proclamar la zona histórica de San Juan en 1949 y la zonificación final dos años más tarde.

A instancias de líderes culturales, de la primera dama Doña Inés Mendoza de Muñoz y con la iniciativa del representante Ernesto Ramos Antonini, en 1955 se radicó y aprobó la Ley 89 del 21 de junio estableciendo el Instituto de Cultura Puertorriqueña (icp) con el fin de defender y conservar las distintas manifestaciones de la cultura del país. Alegría fue, a partir del 1 de noviembre de ese año, su primer director ejecutivo.

No sin resistencia, desde dentro del gobierno y desde afuera7, el esfuerzo inicial del icp fue el patrimonio dentro de los muros de San Juan, los monumentos singulares y de potencial cívico, los edificios públicos y un tímido y poco comprendido intento en parte de los cascos antiguos de Ponce y su playa. Mas el bajo nivel de conciencia histórica prevaleciente por años no permitió un crecimiento mayor de este acervo.

Sin embargo, a partir de 1975, una revisión general de la historiografía puertorriqueña movió el eje de atención del hecho excepcional o del prócer publicitado hacia la vida cotidiana y los focos de actividad socioeconómica. Con estos nuevos sujetos de la historia sus marcos vitales fueron revalorizados paulatinamente. El gobierno de Estados Unidos, en recuperación tras varias grandes pérdidas de patrimonio monumental, montó en 1966 una ley y mecanismo dirigido a salvaguardar patrimonio8 que dispuso de fondos y recursos para acelerar el proceso de identificación de los lugares olvidados. Estas funciones residieron por doce años, hasta 1978, en el icp; luego por razones políticas fueron controladas desde la Fortaleza, pero aun así - no sin dificultades - han sido accesadas a menudo por los propios técnicos del icp, municipios y entidades comunales en guerra inexorable contra el desmemoriamiento.

En los últimos veinte años se ha redefinido y ampliado la zona histórica ponceña y otras seis (Arroyo, Caguas, Coamo, Guayama, Manatí y San Germán) se han añadido, e igualmente más de 250 sitios históricos individuales. En los setenta municipios que aun no tienen zona histórica hay casi noventa plazas de recreo también protegidas, cada una con aproximadamente 20 propiedades circundantes, para un total de más o menos 1800 lugares.

Hay varios cientos de edificios públicos históricos que gozan de algún grado de protección por uso y costumbre o disposición administrativa, aunque el control que se tiene sobre las acciones de construcción en ellos es incompleto y las alteraciones impropias abundan.

El icp posee o controla directamente 39 edificios.

Todo esto suma a unas 9500 propiedades reglamentadas, 35-40% de estas edificios no históricos o solares vacantes en zonas. La cantidad real de estructuras históricas con protección está en 6000 (más o menos 300), apenas dos de cada cinco del estimado de quince mil propiedades de valor histórico y cultural que deben existir en Puerto Rico. Estos quince mil a su vez son algo así como el 2% de tres cuartos de millón de edificaciones que existen en el territorio puertorriqueño.

Ya por al menos tres lustros, bajo la batuta de Centros Culturales, grupos ad-hoc, organizaciones establecidas, municipios e individuos, la sociedad civil marcha para exigir respeto a los lugares históricos y patrimoniales del suelo boricua. Reaccionan a la explosiva y entrópica “obra” de a menudo cuestionable necesidad, de construir por construir, ignorar las fuerzas de la cultura, el ornato, el clima, las virtudes ignotas de las tecnologías tradicionales. La feroz ruptura en la técnica y los modos de producción del entorno humanizado en Puerto Rico, hacia 1950, analfabetizó a los artífices y obreros de construcción ceñidos a una inconsciente dictadura de la “eficiencia” y “racionalidad” apuntaladas por una lógica estrictamente crematística dentro de la cual los valores de la historia y de la ecología se anulan9.

Cuando todo es cosas que se compran y venden y los valores solidarios solo retórica, el entorno expresa tarde o temprano esta insensibilidad. Los campos se pintan con la media tinta del suburbio aislado que da la espalda a su ambiente. En la ciudad, grandes objetos de formas narcisistas compiten en un sórdido “pageant” gritando “¡mírame que bello!!” y los venerables edificios de antaño se borran a ojos vista. El ornato urbano cede paso a la cacofonía y nuestras calles ofenden al viandante. El asco ante este urbanismo salvaje afortunadamente se ha traducido en lucha, que por defender los valores históricos y patrimoniales es tan por la vida como la que hacen los estrictamente “ecologistas”.

La movilización patrimonista de la comunidad ha madurado rápidamente, y ya, como lección de experiencias vividas, se atisban estos fenómenos:

a) La lucha patrimonial se engarza con la lucha ecologista tradicional,

b) Explora la dimensión urbana, rural y regional,

c) Educa a la juventud,

d) Da participación hasta en la fase de obras a la mujer,

e) Presenta futuros alternos y posibles,

f) Busca el consenso social; y

g) Empieza a cuestionar la lógica tradicional de la economía política del

suelo que hasta ahora había sido “divina palabra” intocable.

En todo esto subyace una insatisfacción con el actual entorno humano en la Isla, y un afán de cambio. Frecuentemente las luchas y gestiones patrimoniales ocupan ahora titulares de noticias y espacio en las discusiones radiofónicas, algo casi nunca visto hace quince años.

Toda esta coyuntura es un reto para la aun principal agencia cultural del estado. ¿Qué ofrece para aportar a este esfuerzo? Pesando las limitaciones que tiene el ser parte de la autoridad en un tiempo en que los personeros del poder han sido ampliamente cuestionados e impugnados, los conservacionistas de arquitectura del icp bailan una cuerda entre el dinamismo de la lucha cultural y la rancia exigencia de sumisión a la autoridad.

El icp ofrece y reglamenta lo siguiente:

1. Valoración histórica y elegibilidad para designación por el Reglamento 5 de Planificación, “Reglamento de Zonas y Sitios Históricos”; o por disposiciones internas del icp. Hay cuatro criterios de elegibilidad (§ 3.02, p. 59, versión 2002):

a) Asociación con eventos o personajes en la historia, sean conocidos o anónimos,individuales o colectivos.

b) Representa valores artísticos, tectónicos, técnicos o la obra de un arquitecto o maestro de obras de importancia.

c) Define o es hito o espacio de especial belleza o significado en el paisaje urbano, rural o cultural.

d) Presenta valores arqueológicos.

Esta elegibilidad conduce a asignar valoraciones (Ibid. §5.07, p. 131) a las propiedades. En una propiedad, la valoración puede ser monumental - gran impacto urbano o simbólico, individual (el elemento está íntegro y presenta todas las características originales) o escénico-ambiental - solo lo visible desde el dominio público queda y lo define por el valor que añade al conjunto del entorno. Además puede calibrarse si la propiedad valorada está íntegra o transformada, y si tiene un significado local, regional, a nivel de todo el país o aun a nivel de la región antillana o internacional.

2. Endoso para designación de propiedades conforme al Reglamento 5 antes mencionado, o trámite de designación por medio de la Junta de Directores del icp (ésta no necesariamente tiene poder ante las agencias reguladoras de la construcción, y más bien sirve como honorífico para atraer fondos o asesoramiento legislativo o de otra índole).

3. Revisión de toda propuesta de obras sobre:

a. un edificio reglamentado (incluye todos los históricos ya designados o al menos aquellos cuya designación ha sido radicada),

b. sobre las plazas de recreo y edificios circundantes (Reglamento de

Planificación número 4, “Reglamento de Zonificación”, §3.15),

c. sobre consultas de ubicación de edificios públicos anteriores a 1960, iglesias parroquiales tradicionales, alcaldías, y algunos edificios marcados para revisión por el icp en planes especiales de área de la jp o planes territoriales municipales.

4. Exoneración de impuestos en los edificios designados por la jp o el icp,

conforme a la Ley 7 de 1955 segón enmendada. Se da por cinco años en

arreglos de fachada, cinco adicionales al terminarse el resto, diez años

renovables en casos de restauración total.

5. Orientación y divulgación general sobre aspectos de patrimonio histórico, reglamentación y asesoramiento general sobre aspectos de rescate y manejo del patrimonio (inventarios, nominaciones para protección, mejoras posibles, identificación de edificios, valoración, etc.)

6. De forma muy limitada, investigaciones sobre edificios de valor patrimonial para el mismo icp o para otros. La escasez de personal (solo siete empleados conservacionistas de arquitectura o arquitectos de carrera) imposibilita ampliar este aspecto a los niveles deseables.

El universo de trabajo actual se extiende a ocho zonas históricas con un total de 7,100 propiedades10, seis por designar con 2,42011, 255 sitios históricos, siete monumentos adicionales y otros edificios sin contar los consejos y asesoramientos en lugares que aun no disfrutan de protección.

Debido a que es tan poco el acervo de edificios que el icp puede reglamentar por su valor patrimonial, éstos deben mostrar un multiplicador moral que los haga ejemplares como vínculos con el pasado y muestrario de nuestra evolución social, espiritual y técnica como pueblo.

Esta obra institucional junto con los logros del pueblo al efecto tiene que difundirse a todos. Las lecciones de forma, estética y aprovechamiento de materiales encerradas en los edificios patrimoniales, legados de épocas cuando la tecnología tenía que actuar con – y no contra - las fuerzas del clima y del ambiente son evidentes. Pero no hay fuerza para incorporarlas a propiedades no reglamentadas, aun en edificios históricos no protegidos a merced de la voluntad de sus propietarios.

Limita el no poder incorporar por norma las lecciones positivas del pasado a la nueva construcción; excepto mediante promoción y emulación voluntaria. Se ha recomendado la incorporación de ciertos principios de la arquitectura tradicional a los reglamentos de zonificación y edificación, pero la naturaleza cuantificada de los mismos dificilmente digiere criterios cualitativos como éstos.

Hace un siglo los aspectos de ornato e imagen urbana eran escudriñados por “arquitectos municipales” quienes revisaban las propuestas sometidas por diseñadores y maestros de obra. Era mandatoria la revisión de frentes y fachadas y una propuesta sin ornato podía ser rechazada. Las fachadas requerían simetría y características típicas de diseño probadas por generaciones como las más apropiadas frente al clima y entorno. La reglamentación a escala urbana incluía disposiciones específicas relacionadas con la ubicación de edificios, la posición de patios, y la ventilación de las estructuras. Sí habían violaciones que se cometían a esta normativa, pero no afectaba su razonabilidad. Eran reglas que le exigían a su implementador sensibilidad, discreción y capacidad de pasar juicio crítico sobre cada situación. Los reglamentos de hoy, cuantificados y tabulados ad exhaustio, no aceptan esos nuances cualitativos que surgen de un código de convivencia bien entendido y del ver integralmente el fenómeno urbano o del entorno.

En cierto sentido la manera en que el icp aplica su reglamentación, en particular el Reglamento 5 de Zonas y Sitios Históricos, regresa a su manera a esta discreción y evaluación cualitativas. De aquí puede sembrarse una nueva cultura edificatoria basada en principios de ornato y el insumo de la sensibilidad humana que la más extensa de las codificaciones cuantitativas jamás podrá equiparar. Pregúntase como es que se ha perdido ese lenguaje expresivo de ornato, ese legado expresivo que cristalizaba a su vez toda una praxis empírica de siglos de tradición constructiva.

Como paso ineludible y para llenar el rompecabezas de nuestra historia ambiental, conociendo mejor la gran variedad de respuestas que el ingenio boricua ha dado, urge hacer mucha investigación histórica necesaria sobre nuestra arquitectura y construcción. Los estudios ya hechos solo rasgan la superficie de esa gran mina de información que es el estudio de nuestras tradiciones edilicias. Conociendo los origenes y vínculos de las mismas, su raison d’être y su continuo desarrollo y refinamiento se pueden hallar elementos y soluciones extrapolables a nuestro avance técnico e industrial. Y la forma de nuestros edificios y asentamientos puede retomarse de donde el gran cataclismo de la postguerra la desvió a un “desarrollismo” simultáneamente antiurbano y antirural.

La praxis sobre el manejo de los sitios urbanos y patrimonio cotidiano y modesto es reto primario. Al escarbar la increible “arquidiversidad” del entorno puertorriqueño – los caserones señoriales de Ponce, el vernáculo pueblerino de Guayama, las fantásticas influencias de las Pequeñas Antillas visibles en Arroyo, las hermosas perspectivas de las colinosas calles sangermeñas flanqueadas por construcciones altas criollas y neoclásicas – se rompen los esquemas de manejo únicos. Nuestros sujetos son verdaderas personalidades con faces discernibles, realidades urbanas y socioeconómicas únicas, gente usualmente amable pero diversa en su comportamiento aunque generalmente unidos por su entusiasmo y amor al patrimonio que custodian. (Claro que hay excepciones... pero solo confirman la norma.)

El ajuste del proceso de manejo y de control sobre la evolución de estos rincones llenos de historia aun sigue su proceso de definición. Los reglamentos, procesos, medios de contacto con los propietarios, ocupantes y defensores del patrimonio en cada comunidad no han sido fáciles de implementar y el “librito de instrucciones” se ha reescrito más de una vez. Y a pesar de la desidia institucional y del establishment socioeconómico, los lugares patrimoniales en Puerto Rico experimentan un renacimiento difícil y contradictorio que en algún momento obrará un verdadero cambio cualitativo en la visión del boricua, como persona y comunidad, de su mundo y de su futuro.

Tras un extenso periplo por 22 ciudades antiguas del mundo, analizando en ellas los métodos comparativos de conservación del patrimonio urbano, el arquitecto neoyorquino Anthony M. Tung concluyó que:

“Hasta recientemente nuestras ciudades contenían los logros y lecciones del pasado. Ahora en muchos lugares estamos a punto de romper esa continuidad histórica de manera irrevocable. Si bien las razones para la eliminación de la cultura pueden variar según el lugar, los estragos sobre las ciudades han solido ser un resultado de la voluntad humana. Ni Dios ni la naturaleza hicieron a la metrópoli. Los asentamientos humanos son productos de la mente humana. Y la destrucción, o conservación, de la misteriosa belleza arquitectónica de nuestros sectores urbanos es, tras analizar todo, un reflejo de nuestra propensión de destruir - y de nuestra propensión de crear.” (Preserving the World’s Great Cities, 2001, p. 28. Traducción de este autor.)


Está en manos de nosotros coartar y poner la rienda a esa propensión destructiva y enfocar en el manejo correcto de nuestro territorio en pro de una mejor realización como pueblo y como personas. Nuestro ambiente no lo es todo, es cierto, pero es un componente importante en nuestra vida cotidiana, una herramienta que puede alzar o degradar nuestra vivencia de muchas maneras. Expurguemos el inmediatismo antihistórico del beneficio hedonista e inmediato y disfrutemos el placer longevo de vivir con el recuerdo de los que vinieron antes, en un territorio de todos y para todos.


Reconocimiento para los siguientes compañeros y colaboradores que ayudaron, algunos posiblemente sin saberlo, a esta presentación: el colectivo de patrimonio del icp - Mildred González Valentín, Víctor López Reyes, Raymond A, Marcel, Armando Morales Parés, José Muñoz Báez, José Silvestre, Plan. Charles Gonzales; y el personal de apoyo - Maritza Cubillé, Virginia Torres, Elizabeth Torres, Alicia Vázquez; los colaboradores regionales - Miguel Acarón, Silvia Aguiló, Guido Barletta, María Angeles Casiano, Mayra Santiago, Ernestina Torres, Yolanda Torres y otros; los colaboradores de otras oficinas del icp, en especial los arqueólogos y promotores culturales, la gerencia y nuestra directora Dra. Teresa Tió Fernández, la gente de las comunidades y centros u organismos culturales, municipios y sus alcaldes, centros educativos, colegios profesionales, otras agencias y amigos que me han instado a seguir adelante en esta lucha y son muy numerosos para detallar. – JOC


jo

1 No hay término comparable en castellano ya que se me ha sugerido usar el vocablo mayordomía, pero este tiene connotaciones del papel de los mayordomos de hacienda con su condición de opresores, mientras que el inglés steward tiene una mayor relación con cuido y protección en beneficio de lo protegido y los que auxilian en ese proceso de protección.

2 Hacia 1923 el club Cívico de Damas logró una campaña exitosa para evitar la demolición de la capilla del Cristo, la cual se quería eliminar porque constituía un “estorbo al tráfico. Luego fue otra acción cívica organizada por varios residentes de San Juan (el más conocido fue el Dr. Ricardo Alegría Gallardo, eventualmente director ejecutivo del icp) que impulsó la creación en 1949 de una ley para proteger la zona histórica de San Juan, la cual fue designada finalmente en 1951.

3 Aprobada por el gobernador Horace Mann Towner el 23 de abril de ese año.

4 Actualmente el Departamento de Transportación y Obras Públicas coordina un esfuerzo denominado “Directoría de Urbanismo”que persigue propósitos afines y además asigna fondos para obras urbanas diversas.

5 No se ha hecho aun un estudio profundo sobre el quehacer de esta entidad, su evolución y logros. Este análisis necesario arrojaría luz sobre los albores del esfuerzo conservacionista en el país.

6 Sin olvidarse de otras personas como Adolfo de Hostos, Aurelio Tió, Ernesto Ramos Antonini, y muchas de las viejas familias sanjuaneras que se unieron al esfuerzo de evitar la destrucción de nuestra antigua ciudad colonial.

7 Ver los capítulos 4 y 5 de: Hernández, Carmen Dolores, Ricardo Alegría: una vida, San Juan, Plaza Mayor, 2001 para más detalles sobre esas luchas.

8 National Historic preservation Act, 1966. Esta ley surgió en parte como reacción a varias destrucciones insensibles contra el patrimonio histórico como el derribo de la Pennsylvania Station de Nueva York en 1964 y las amenazas continuas a la de Grand Central en esa misma ciudad. Igualmente hubo durante esos años muchas otras demoliciones o intentos de acabar con lugares patrimoniales queridos en la memoria social, por lo cual esta legislación cristaliza mejor que muchas otras el afán de un pueblo (EE.UU.) para retener su identidad ante un destino incierto. Esta ley establece el requisito de evaluar efectos adversos en iniciativas de construcción que tengan fondos, licencias o garantías del Gobierno Federal; establece un Registro Nacional de lugares históricos y asigna las funciones de cumplimiento de esta ley al Departamento del Interior federal.

9 Esto no quiere decie que se despercia los valores de la arquitectura moderna. Esta ha tenido logros indiscutibles en puerto Rico, precisamente cuando a pesar del cambio en su vocabulario formal, sí ha respondido a las condicionantes de la realidad. Las mejores obras de arquitectos como Toro y Ferrer en sus primeros años, o Heinrich (Henry) Klumb, son testimonio al canto.

10 Las zonas históricas existentes a fines de 2002 son:

1. San Juan (establecida 1951) 890 propiedades

2. Manatí (establecida 1986) 145 propiedades

3. Ponce (establecida final 1991) 2500 propiedades aprox.

4. Guayama (establecida 1992) 2386 propiedades

5. San Germán (establecida 1994) 660 propiedades

6. Coamo (establecida 1995) 366 propiedades, fase I

7. Arroyo (establecida 1997) 135 propiedades, fase I

8. Caguas (establecida 1997) 23 propiedades, fase I


11 Las zonas históricas por designar a esta misma fecha y en las cuales se ha hecho algún trabajo son:

1. Arecibo (aprox. 600 propiedades)

2. Cabo Rojo (aprox. 450 propiedaes)

3. Mayagüez (aprox. 600 propiedades)

4. Sagrado Corazón en Santurce (aprox. 200 propiedades)

5. Vega Baja (aprox. 120 propiedades)

6. Yauco (aprox. 450 propiedades)