LA NUEVA LEY DE PERMISOS, ¡UN FRACASO ANTICIPADO!

EXTRACTOS ESCOGIDOS DEL P.S. 880
11 de mayo de 2009
Sometido por Rivera Schatz et al.
Comentarios de Arq. Jorge Ortiz Colom
Instituto de Cultura Puertorriqueña
Region Sureste / Guayama

Proyecto de:

Ley para la Reestructuración y Unificación del Proceso de Evaluación y Otorgamiento de Permisos


Exposición de Motivos

p.10

Para lograr este propósito, el proyecto de ley le transfiere a la Oficina de Gerencia la facultad de evaluar y emitir comentarios, recomendaciones favorables (hoy día denominados “endosos”) y permisos que actualmente realizan múltiples y numerosas agencias o entes gubernamentales – definidas en la Ley como Entidades Gubernamentales Concernidas [EGC(S)]. Es la intención de la Asamblea Legislativa que a partir de la aprobación de esta Ley, la Oficina de Gerencia, a través de su Director Ejecutivo será la única entidad gubernamental a la que una persona (natural o jurídica) tendrá que acudir para solicitar un permiso relacionado al desarrollo y uso de terrenos.

A esos efectos, la Oficina de Gerencia [de Permisos, OGPE en forma breve, no “OGP” para evitar confusiones con la Oficina de Gerencia y Presupuesto del gobierno central] será la única que evaluará y expedirá o denegará, solicitudes de recomendaciones favorables [=endosos] y permisos y/o comentarios relacionados directa o indirectamente al desarrollo y uso de terrenos que previo a la aprobación de esta Ley eran evaluados y expedidos o denegados por las Entidades Gubernamentales Concernidas al amparo de sus leyes orgánicas u otras leyes especiales. (énfasis JOC)

Esto convierte al ICP en una EGC que, como veremos luego, ni siquiera tiene una banca permanente para tener un oficial de enlace (“oficial de permisos”), a lo que se reduciría la persona a cargo de patrimonio edificado y/o arqueológico. Por lo tanto, el ICP ya no estará facultado para dar endosos, sino comentarios no vinculantes. Supuestamente nuestra agencia se convierte en una entidad inspectora, pero tiene que ir por medio de la oficina del IGP, Inspector General de Permisos, para que una querella se haga investigar y obligar al cumplimiento de los reglamentos.

pp.11-12

…los Gerentes [de Permisos, unos puestos de nueva creación] dirigirán las siete (7) divisiones especializadas de la Oficina de Gerencia: 1) Medio Ambiente; 2) Salud y Seguridad; 3) Evaluación de Cumplimiento Ambiental; 4) Infraestructura; 5) Cultura y Conservación Histórica; 6) Comentarios de Uso; y 7)Edificabilidad. Estas divisiones especializadas abarcarán las áreas administrativas de todas las agencias del gobierno que hoy día intervienen en el proceso de evaluación y otorgamiento de permisos, comentarios y recomendaciones favorables.

(...)

La discreción que quede en la aplicación de reglamentación de patrimonio descansará en un funcionario de la misma agencia de permisos, quien será el autorizado a hacer el análisis final de los impactos de una obra propuesta sobre un edificio patrimonial, sea protegido por el reglamento que sea. El ICP no tiene jurisdicción para capacitar o dar directrices a la persona que sea gerente de permisos de cultura y patrimonio.

Esta Ley también crea la figura de los Oficiales de Permisos como herramienta adicional para asegurar el flujo eficiente y ágil de información necesaria para el descargue de las funciones de los Gerentes. Estos funcionarios serán designados por los jefes de agencias o entes gubernamentales para laborar desde las Entidades Gubernamentales Concernidas, en particular aquellas corporaciones públicas relacionadas a infraestructura.

A pesar del nombre, el oficial de permisos no es otra cosa que un oficial de enlace que da información para que el “gerente de permisos” adentro de la OGPE sea el que ejerza el criterio relacionado con conservación de recursos arqueológicos e históricos. Hay que acordarse como se verá luego que el Consejo Arqueológico Terrestre (CAT) se elimina con esta ley, así liberando a los constructores de la continua molestia de tener que esperar que hallazgos y yacimientos en proyectos sean debidamente evaluados, categorizados y si aplicable mitigados... y el riesgo que un yacimiento de importancia capital para la prehistoria o historia obligue a modificar el proyecto. La evaluación arqueológica sería una discreción de una sola persona – el gerente de permiso asignado por la OGPE – y no una decisión colectiva que obre en beneficio de la conservación de nuestra memoria. Y de hecho el ICP no tiene un oficial de “permisos” (enlace) permanente, solo puede tenerlo si el director de la OGPE lo activa.

Con la intención de disminuir la carga de trabajo de la Oficina de Gerencia en la evaluación y concesión de permisos ministeriales, esta medida establece un mecanismo para que dichos permisos así como ciertas licencias y certificaciones puedan ser evaluadas y otorgadas por los Profesionales Autorizados. Este novel mecanismo [¡SÍ, PEPE!] cuenta con estrictas medidas cuyo propósito es asegurar la confiabilidad de la ejecución de las funciones de los Profesionales Autorizados. De esta manera, la facultad que se le delega a éstos deberá ser tan certera, ágil y confiable como cualquier trámite iniciado en la Oficina de Gerencia.

Esto no es sino un salto al vacío al privatizar las funciones de revisión de documentos tradicionalmente asignadas al estado, y una forma de contratar funcionarios mediante un primitivo sistema de servicios profesionales. Esto va a crear una casta de arquitectos, ingenieros y otros con poder particular de decir quién construye o no, y la posibilidad de innumerables conflictos de intereses, no importa como quieran crear controles para evitar que esto suceda. Pero estas son funciones propias de funcionarios del Estado y creo que es inclusive contrario a derecho e inconstitucional que una persona particular pueda tener esta autoridad reguladora. Como sea, asegurar que estos técnicos de permisos “privatizados” funcionen conforme a la ley va a ser una tarea de fiscalización mayor para la cual no hay realmente recursos. Lo que se hace es entregar el poder regulador a personas particulares, sin que se cumpla con un requisito de urgencia como ocurre con el posse comitatus invocado en casos de seguridad pública.

Con la aprobación de esta Ley las Entidades Gubernamentales Concernidas pasan a realizar la función para la que originalmente fueron creadas [¡SÍ, PEPE!], la de fiscalizar y proteger los importantes intereses que sus leyes orgánicas les delegan. Mediante el mecanismo establecido, las Entidades Gubernamentales Concernidas podrán fiscalizar el cumplimiento de los solicitantes con los permisos otorgados. Las Entidades Gubernamentales Concernidas podrán acudir a un nuevo foro especializado e independiente, el Inspector General de Permisos, para que éste atienda cualquier querella e imponga cualquier penalidad que corresponda mediante la utilización de jueces administrativos que adjudicarán imparcialmente los casos ante su consideración. Las determinaciones finales del Inspector General serán revisables ante el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.

La fiscalización sin poder real es una charada. Luego que hemos obtenido y empezado a implementar el mecanismo de multas dado por las enmiendas a la Ley 89 de 1955 [ley orgánica del ICP] según la ley 119 de 2005 la modificó, parece mentira que ahora tengamos que volver a depender de una agencia externa que puede tardarse una eternidad para hacer cumplir con nuestras propias reglamentaciones y aquellas expresamente confiadas a nosotros.

Cuerpo mismo de la Ley

§1.2, p. 14

(...)Los permisos están revestidos del más alto interés público por ser un instrumento de desarrollo económico y como tal indispensables para la creación de empleos y la prestación de mejores servicios al pueblo. Todo esto asegurando el cumplimiento con las leyes y reglamentos, y teniendo como norte el fomento de la economía y la competitividad global de Puerto Rico dentro de un marco de desarrollo integral económico social y físico sostenible.

El verdadero motor del desarrollo no es la construcción, sino actividades repetibles que no destruyen ni recargan abusivamente los recursos finitos del territorio, naturaleza y espacio de un país. Uno de ellos es el respeto a la cultura y las industrias culturales variadas que surgen de la misma. Esto ha sido reconocido en diversos países y por entidades tales como la UNESCO, y es sabido que mas de la mitad de los turistas van a ver destinos culturales en los países que visitan. Además la conservación de edificios patrimoniales es una de las actividades intrínsecamente más sostenibles que hay, y me remito a análisis más completo como los del norteamericano Donovan Rypkema, a quien tuve en una ocasión la oportunidad de saludar personalmente. Este analista – quien no es arquitecto – ha hecho evaluaciones en la cual ha demostrado sin duda que la conservación es una decisión sensata para la economía y el desarrollo social. Y sus planteamientos se han reivindicado una y otra vez con la experiencia de centros y lugares históricos de todo el mundo.

§1.4, p. 15

Las disposiciones de esta Ley deberán interpretarse a favor del derecho al disfrute de la propiedad que goza de rango constitucional dentro de un marco de desarrollo natural integral económico social sostenible. (énfasis JOC)

Cuando el derecho de la libre disposición de la propiedad inmueble - sin una responsabilidad social – se convierte en el Grial Sagrado, y se fomenta el egoísmo de los que tienen “titularidad” legal sobre el territorio, no podemos tener esperanzas. Las políticas de uso inteligente y justicia intergeneracional que animan a los patrimonialistas y otros conservacionistas de atributos naturales y tierras agrícolas son vistas como intentos de confiscar esa libertad absoluta de usar la tierra irresponsablemente. Bajo una premisa filosófica tal, realmente los defensores del patrimonio no tenemos patrocinio ni aliados dentro de las esferas del poder estatal. Solo nos toleran si nos doblamos ante los vientos de un neoliberalismo naïf, crudo e inmatizado por cosas tan fuera de moda como la belleza escénica, la fertilidad pasmosa de nuestras tierras y los procesos inexorables de la naturaleza... o por el valor de la historia y el respeto a la antigüedad venerable. Empero, el disfrute garantizado de la propiedad – el cual en realidad está limitado al acceso y permanencia en la misma, no a disponer irresponsablemente de ella - es atemperado por otras disposiciones de nuestra constitución que mandatan la conservación de recursos naturales e históricos, y que por cierto tienen mayor énfasis en dicho documento.

§1.5 [definiciones], p. 14

12) “Comentario”: comunicación no vinculante de una entidad gubernamental, de un municipio o de un Gerente de Permisos, según aplique, sobre una acción propuesta indicando exclusivamente la conformidad o no de dicha acción con las leyes y reglamentos aplicables bajo su jurisdicción, y que en ningún caso podrá considerarse una recomendación favorable [=endoso];

El ICP se limita desde que se haga efectiva esa ley a hacer comentarios, para que entonces el gerente de permisos asignado por ogpe haga el escrito y espere que salga el permiso en la pasmosamente centralizada jerarquía de esta nueva y flamante oficina. De hecho, opino que OGPE y en específico su director ejecutivo van a ser un espectacular cuello de botella en el cual las decisiones sobre patrimonio tardarán, no empece los supuestos límites de tiempo para responder. No hay garantía en absoluto que las recomendaciones legales o reglamentarias, o de ornato, conservación de integridad histórico-arquitectónica, o de respeto a la cultura se puedan hacer respetar con tantos intermediarios o conductos por los cuales pasa la información, mucho más cuando el ICP solo tiene el derecho al comentario, apenas un pataleo en el aire.

§1.5 [definiciones], p. 19

15) “Consulta informal”: orientación que podrá ser solicitada a la Oficina de Gerencia previo a la radicación de una solicitud para un proyecto propuesto en la cual se identificará la conformidad del mismo con las disposiciones estatutarias y reglamentarias aplicables;

El mecanismo de consulta informal o “preconsulta” es uno de los pocos puntos positivos de esta ley. Esto en la región sur lo hacemos con solicitudes de certificación de exenciones (ley 1955/7) para orientar a los dueños sobre la probabilidad de que su edificio cualifique. Debe plantearse que la preconsulta se haga mandatoria en ciertos casos tales como proyectos extensos y otros que afecten edificios de valor monumental, plazas públicas o zonas de valor completas. El mecanismo de preconsulta debe incorporar un grado de participación comunitaria. Entiendo que lo debemos usar internamente en el ICP especialmente en proyectos de impacto urbano o aquellos que afecten lugares de particular valor histórico.

§1.5 [definiciones], p. 21

27) “Recomendación favorable”: recomendación expedida por el Director Ejecutivo con relación a un proyecto, que previo a la aprobación de esta Ley como “endoso” [sic]. La recomendación puede ser condicionada al cumplimiento del solicitante con determinados requisitos, suministro de datos y otros trámites. La misma aunque tiene carácter vinculante, no constituirá una autorización para la construcción de la obra;

Una de varias lagunas e inconsistencias que tiene la ley: aparece como una discreción del director ejecutivo de OGPE, pero en otra parte de este proyecto hablan de que esto lo hacen los “gerentes de permisos” ante el director ejecutivo. Sea como sea, es una función de endoso, que con esta ley quedaría vedada al ICP y sus funcionarios.

§1.5 [definiciones], p. 26

55) “Parte”: significará persona, entidad o agencia que tiene derecho a participar plenamente en un proceso de otorgación de permiso llevado a cabo ante la Oficina de Gerencia, la Junta Apelativa y/o la Oficina del Inspector General incluyendo, pero sin limitación, cuando esta dé inicio al proceso como solicitante, o bien porque se le permita participar posteriormente en calidad de “interventor”, y porque tenga un interés propietario, claro, directo, inmediato e indisputable, en la controversia o materia en cuestión, y que, en reconocimiento de dicho interés, se le tenga que conceder o reconocer la máxima protección de derechos y privilegios legales;

Tras participar activamente en proyectos comunitarios de salvaguarda del patrimonio, la definición restricta y posiblemente inconstitucional de lo que es una parte con interés impide que nuestros enlaces comunitarios y locales – entre los que se encuentran funcionarios de los municipios – puedan en conjunto con nosotros objetar propuestas hostiles al patrimonio. El ICP motu proprio ha objetado varias como lo fue las primeras iteraciones del frente portuario de San Juan, el intento de mutilar el corazón de Jayuya y una escuela histórica atesorada por los vecinos, o el burdo sistema de aire puesto como sombrero sobre la Fortaleza-Palacio de Santa Catalina, un sitio del Patrimonio Mundial. Es muy probable, que el ICP en estos casos tenga que pedir intervenir como parte ante el Inspector General de Permisos – en adelante IGP – que es la rama “fiscalizadora” de este proceso de permisos, y que no necesariamente se le acepte en el proceso, mucho menos que se escuche.

§2.3, p. 33

[Es importante notar que la figura del director ejecutivo de la OGPE es muy fuerte. De hecho tiene la función exclusiva e indelegable de firmar todos los permisos que salgan de la oficina, a diferencia de las funciones de la actual ARPE en la cual las firmas se delegan a nivel regional.]

Este proceso deslocaliza y centraliza el poder de permisos en la firma indelegable del director ejecutivo de OGPE en San Juan, sin dar discreción de delegar asuntos, como pasa actualmente con ARPE, en las oficinas regionales y sus directores y técnicos. El tener que enviar los documentos, aunque sea electrónicamente, a San Juan, es un paso de demora mayor que niega la flexibilidad esperada de un “mejorado” sistema de permisos.

§2.5, p. 38

Cualquier violación de cumplimiento detectada por una Entidad Gubernamental Concernida con injerencia en torno a un permiso otorgado conforme a las disposiciones de esta Ley deberá ser investigada por la Entidad Gubernamental Concernida y de expedirse una orden administrativa o querella ésta la misma será adjudicada por la Oficina del Inspector General. Las multas propuestas por las Entidades Gubernamentales Concernidas serán establecidas de conformidad con las disposiciones legales aplicables a cada Entidad Gubernamental Concernida.)

Ya he comentado que al ICP se le quita el poder de investigar con poder vinculante, de atender y adjudicar querellas y de multar u ordenar a hacer o no hacer. Solo podemos recoger información y enviarla a la oficina de IGP...y esperar.

§3.1, p. 49

Cada oficina regional de la Oficina de Gerencia contará con siete (7) Gerentes de Permisos quienes evaluarán las solicitudes de permisos y recomendaciones favorables presentadas ante la Oficina de Gerencia. La Oficina de Gerencia contará con un (1) Gerente de Permisos para cada una de las siguientes divisiones:

a. Medio Ambiente (Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, la Autoridad de los Desperdicios Sólidos) ;
b. Salud y Seguridad (el Departamento de Salud, el Cuerpo de Bomberos, Policía de Puerto Rico) ;
c. Infraestructura (la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones; el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Comisión de Servicio Público)
d. Cultura y Conservación Histórica (el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Oficina Estatal de Conservación Histórica;
e. Comentarios de Uso (Compañía de Comercio y Exportación; la Compañía de Fomento Industrial; la Compañía de Turismo, el Departamento de la Vivienda; el Departamento de Recreación y Deportes, el Departamento de Agricultura, Administración del Deporte de la Industria Hípica, y la Autoridad de 1 los Puertos y el Departamento de Educación); y
f. Edificabilidad (la Administración de Asuntos Energéticos).

En el caso de la división de Evaluación de Cumplimiento Ambiental el Gobernador nombrara un Gerente de Cumplimiento Ambiental para dirigir la misma. La Oficina de Gerencia mediante orden administrativa a tales efectos, aprobada por la Junta de Planificación y el Gobernador podrá aumentar hasta un máximo de nueve (9) la cantidad de Gerentes en sus oficinas regionales y añadir las divisiones que dirigirán dichos Gerentes de Permisos adicionales como parte de la estructura de la Oficina de Gerencia.

Aunque se establecen requisitos de experiencia, no se hace un proceso donde las agencias que enlazarán por medio de ese gerente puedan dar insumo para que se escoja la persona más apropiada para el cargo, ni la posibilidad de que las agencias puedan ofrecer uno de sus técnicos experimentados en calidad de “gerente” para facilitar los asuntos pertinentes a esa división en la OGPE. Otra vez hay que enviar los comentarios al “gerente” para que este si quiere los transmita al director de OGPE. Las interferencias y la posibilidad de que se “tuerzan brazos” es grande bajo este esquema donde se concentra el poder decisorio en una élite de funcionarios, en lugar de hacer una estructura operacional más horizontal que facilite la formación de equipos interdisciplinarios e interagenciales de trabajo. La OGPE es una estructura muy rígida, rigurosa y empinadamente piramidal. Hay que notar que el gerente de cumplimiento ambiental funciona como un nombramiento directo de Fortaleza sin que pueda haber recomendaciones de sectores ecologistas y patrimonialistas; y se ve una posibilidad de manipular este cargo, que será muy sensitivo debido a la cantidad de reclamaciones hechas por la sociedad civil en cuanto a alegaciones de violación de leyes ambientales.

§4.1, p. 53

Inmediatamente a partir de la fecha de aprobación de esta Ley, la Oficina Estatal de Conservación Histórica, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados designarán, en coordinación con el Director Ejecutivo, un Oficial de Permisos. La designación de dicho Oficial de Permisos la notificarán al Director Ejecutivo. Estos cuatro (4) Oficiales de Permisos serán funcionarios de la Oficina de Conservación Histórica, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Carreteras y Transportación y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, respectivamente, de reconocida capacidad y experiencia profesional y tendrán los siguientes deberes, facultades y funciones generales:

a. trabajarán en estrecha coordinación con los Gerentes de Permisos desde sus respectivas Entidades Gubernamentales;
b. asistirán a los Gerentes de Permisos en la obtención de cualquier información o documentación necesaria para el descargue de las funciones de los Gerentes de Permisos; y
c. coordinarán expeditamente cualquier trabajo de campo que sea necesario para obtener información solicitada por los Gerentes de Permisos.

El Director Ejecutivo referirá a la atención del jefe de agencia correspondiente cualquier situación en el desempeño del Oficial de Permisos que esté afectando el trámite de los asuntos que este último tiene encomendados bajo las disposiciones de esta Ley para que tome la acción correspondiente. A petición del Director Ejecutivo, cualquier otra Entidad Gubernamental Concernida designará como Oficial de Permisos a uno sus funcionarios por el tiempo que el Director Ejecutivo, en coordinación con el Gobernador determinen necesario. El Director Ejecutivo y el jefe de la Entidad Gubernamental Concernida determinarán las tareas específicas que realizará cada Oficial de Permisos para cumplir con los deberes facultades y funciones establecidos en este Artículo caso a caso.

Otra vez el SHPO vuelve a posicionarse ventajosamente para tener una función privilegiada dentro del organigrama gubernamental, al tener un puesto permanente y creado por ley de “oficial de permisos”. ¿Y el ICP? Bueno, reitero lo que dice en esta parte: tiene “oficial de permisos” – eso es, un enlace, “POR EL TIEMPO QUE EL DIRECTOR EJECUTIVO [de OGPE, por supuesto], EN COORDINACIÓN CON EL GOBERNADOR DETERMINEN NECESARIO”. No hay discreción de parte del ICP de crear un oficial de enlace y remitirlo para que defienda la posición agencial dentro de la OGPE. Lo que puede pasar es que entonces los funcionarios del ICP al no ser parte de los enlaces oficiales a la agencia de permisos tengan cerradas las puertas de acceso a OGPE, pero todos los días tendrán encima a su socio, el oficial de enlace de la SHPO sirviendo de “conducto” y procesando la información a su manera para el gerente de OGPE. ¡Qué terrible situación!

§7.7, p. 63

Los Ingenieros y Arquitectos Autorizados no podrán expedir recomendaciones favorables, certificaciones o licencias a un proyecto simultáneamente con la expedición de un permiso para un proyecto.

¿? Otro galimatías que es frecuente en esta ley. A lo mejor querían evitar conflictos de intereses con esta cláusula, pero esto va a ser difícil con la figura de los “profesionales autorizados” sirviendo como “permisólogos”. De hecho, es para mi opinión, la clásica ‘gestoría”, rebautizada y redefinida delegando poderes a un nivel que entiendo es un rendir y entregar sin garantías lo que en rigor es un poder regulador del Estado.

§8.2, p. 65

A partir de la vigencia de esta Ley, cualquier persona que interese solicitar alguno de los trámites permitidos bajo el Artículo 8.1 de esta Ley podrá solicitar a la Oficina de Gerencia, mediante la presentación del correspondiente formulario de servicios y pago de cargos, una orientación en la cual se identificará la conformidad de la acción propuesta con los estatutos y reglamentos aplicables, conocido como consulta informal, según definido en el Art. 1.5. Este proceso sólo será a los fines de clarificar, previo a la radicación de cualquier solicitud contemplada bajo las disposiciones del Artículo 8.1, los requisitos aplicables al proyecto y, aunque pudiera incluir comentarios de la Oficina de Gerencia, este proceso no se considerará en ningún caso como una determinación de la Oficina de Gerencia en cuanto a la aprobación o rechazo a la acción propuesta.

Estoy a favor del sistema de preconsulta o consulta informal. Debe ser gratis para quienes no sean empresas o “sociedades especiales” con fines de lucro. No va a funcionar bien, sin embargo, dentro de este embeleco que es esta Ley. Sin embargo, creo que debe implementarse en la Junta de Planificación, ARPE y con nosotros.

§8.4, p. 66

(a)... (b) [el Director Ejecutivo de OGPE] procederá a firmar y expedir la determinación final de la Oficina de Gerencia en casos ministeriales, mediante el mecanismo de subrogación, en aquellos casos en que un Gerente de Permisos arbitraria y caprichosamente se niegue a evaluarlo y tomar una determinación, o cuando haya transcurrido el término aplicable para realizar la evaluación y/o tomar la determinación o retrase injustificadamente su evaluación, determinación; [sic] y (c)...

Esto es abusivo y se presta a que se “planchen” proyectos que no son conformes con reglamento o que tienen oposición cívica. Y como ya he explicado el director de la OGPE es virtualmente Todopoderoso, es la UNICA firma autorizada en la agencia, y va seguramente a ser influenciado, cosa más difícil con el sistema semidescentralizado que tenemos actualmente. Tampoco se definen los términos “arbitraria y caprichosamente”, lo que da lugar a interpretación – por ejemplo, que un gerente especializado de OGPE muestre reservas sobre un proyecto que atenta contra la naturaleza, la salud o el patrimonio cultural; o que se pretenda aprobar sin suficiente información. Esto es un alerta, ¡lo que se propone aquí es SUMAMENTE PELIGROSO y posiblemente una acción ILEGAL o hasta INCONSTITUCIONAL!

§9.10, p. 77

El descubrimiento de un error de hecho o de derecho en el otorgamiento de un permiso o recomendación favorable expedido por la Oficina de Gerencia y por un Profesional Autorizado, luego de finalizada la construcción de una obra al amparo de los mismos y obtenido el permiso de uso para la misma, no conllevará la revocación del permiso ni la destrucción de la obra. Disponiéndose que las disposiciones de este párrafo no crearán un precedente reclamable por terceros ajenos a la propiedad objeto del permiso.

Con esto vamos a garantizarnos varios “P[as]eo Caribes” más. Esto contraviene lo dispuesto por parte del Reglamento de Planificación 5 que hacemos implementar, en donde podemos exigir la reconstrucción de una estructura demolida impropiamente (§5.08.3). ¡Ahora se prohíbe expresamente revertir daños por proyectos lesivos a la naturaleza o a la cultura e historia de nuestro país!

§10.7, p. 87

El Inspector General dará prioridad a la auditoria de aquellos casos en los cuales tenga que comparecer bajo las disposiciones del Artículo 10.3, y no podrá realizar ninguna otra auditoria subsiguiente a una determinación final con relación a estos casos, excepto para verificar la concordancia de la determinación final y el permiso expedido subsiguientemente, según aplique.

Esto es de nuevo una camisa de fuerza para que no se puedan objetar casos que son hechos, y por tanto supuestos faits accomplis. Al no poder revisar auditorias, posible irregularidades y violaciones de ley que a veces no se encuentran durante el proceso adjudicativo o al terminar las obras pueden ser ocultos, no impugnados, ni los responsables llevados a corte. Y también será un atropello contra personas que en proyectos reclamen vicios de construcción y obras de mala calidad.

§10.7, p. 87

A tales fines adjudicará querellas iniciadas motu proprio o a petición de parte e impondrá multas, según establecido en reglamento, asegurándose que bajo ningún concepto se utilicen dichas querellas para realizar ataques colaterales a determinaciones finales que debieron haber sido presentados oportunamente de conformidad con las disposiciones de los Capítulos 12 y 13 de esta Ley.

Todo esto es defensivo, dirigido ante todo a ambientalistas, pero también pueden afectarse gente que impugne obras impropias en áreas históricas o yacimientos arqueológicos. Lo que se quiere, y que causa peligro a valores patrimoniales que a veces no son al inicio evidentes, es poder seguir el proyecto con un mínimo de intervención de parte de las comunidades y de los grupos culturales, pero puede afectar al mismo ICP debido a que a veces nos enteramos de agresiones al patrimonio cuando ya las maquinas se hallan en el lugar.

§10.10, p. 89

El Inspector General fijará y cobrará, mediante reglamento, los cargos por: (...) (b) el trámite, referido o investigación de querellas a petición de parte; (...)

Esta es la indignidad más grande: ¡cobrar por el someter querellas cuando este ha sido tradicionalmente un derecho que ha asistido a todos los ciudadanos para protegerse de decisiones de construcción impropias!

§10.13, p. 91

El Inspector General tendrá la facultad de decretar el cierre inmediato de un establecimiento comercial que violente una ley o reglamento que administra la Oficina de Gerencia o se encuentre que se ha cometido un delito grave en los predios del establecimiento, habiendo participado el dueño, administrador o encargado del establecimiento comercial en la comisión del delito. El Inspector General determinará, mediante reglamento, el procedimiento a seguir para implementar el cierre sumario aquí establecido así como aquellos casos en los cuales será aplicable este procedimiento sumario.

¡POR FAVOR! Ahora si un empleado le da una bofetada a un cliente parejero, ¿van a cerrar el negocio cuando la víctima alegue que le dieron una “agresión agravada”? En este país hay una obsesión con practicar el ostracismo oficial con cualquiera que cometa un delito aunque sea insignificante. De hecho los funcionarios de la nueva Oficina según el texto de la ley no pueden ser convictos de ningún delito (me imagino que ni siquiera tirar un papel fuera de un zafacón) y después el gobierno quiere promover la rehabilitación cuando a los condenados por cualquier cosa no les quieren dar oportunidades de ningún tipo. Esta es la hipocresía de esta sociedad puertorriqueña. Además estos cierres sumarios pueden ser ilegales e inconstitucionales, ya que se violenta el debido proceso de ley y las presunciones normales de personas acusadas.

§10.21, p. 99

Las oficinas centrales de la Oficina del Inspector General radicarán en San Juan. Disponiéndose que si el Inspector General lo estimare necesario para descargar sus deberes y funciones bajo esta Ley, utilizará, en coordinación con el Director Ejecutivo, espacio de trabajo adecuadamente dedicado en las oficinas regionales de la Oficina de Gerencia.

El Inspector General de Permisos (“IGP”) es una oficina la cual el jefe puede delegar efectivamente sus funciones, sin embargo no se la da automáticamente la oportunidad de regionalizar sus servicios. Dada la crisis de gobierno, es probable que solo tengan oficina en la capital y que los que vayan a pedir investigaciones o examinar auditorias tengan que ir lejos…

§12.1, p. 108

Una parte adversamente afectada por una determinación final de la Oficina de Gerencia o de un Profesional Autorizado podrá, dentro del término jurisdiccional de treinta (30) días laborables de la fecha del archivo en autos de la copia de la notificación de la determinación final, presentar un recurso de apelación ante la Junta Apelativa.

(...)

El apelante podrá solicitar a la Junta Apelativa que emita una orden dejando en suspenso la efectividad de la determinación final apelada y los procesos relacionados ante el organismo ante el organismo cuya determinación final se apela. En dicha petición, el apelante deberá demostrar claramente cuáles los daños irreparables que sufrirá de no concederse la suspensión solicitada y prestará una fianza equivalente al estimado de las costas y daños en que pueda incurrir o que pueda sufrir la parte apelada de concederse dicha solicitud. En la determinación del monto de la fianza, la Junta Apelativa utilizará como criterio mínimo los daños que ocasione el no proceder con la acción autorizada.

Este artículo es uno de los más nefastos de toda la ley: establece un proceso que aunque uniforme es oneroso para los ciudadanos. Esta ley no establece ni siquiera la fianza como un recurso discrecional y optativo, sino obligatorio y orientado a proteger económicamente los intereses del promotor en perjuicio del interés público y comunitario. En nuestro caso, también puede inhibir que se hagan cuestionamientos sobre proyectos que impacten recursos históricos o arqueológicos. Encima de esto la parte interventora, como explicado antes tiene que certificarse y asegurar ser aceptada por parte de la Junta Apelativa de Permisos (“JAP”) para poder argumentar en contra del proyecto. Hay que indicar que los diversos recursos que usan las comunidades actualmente para objetar proyectos peligrosos se reducen tras esta ley a la comparecencia a la JAP. Otros recursos como acudir directo a corte o usar un foro de reconsideración en la ARPE o la Junta de Planificación quedan ahora excluidos. El calculo de daños irreparables es también algo que no es fácil hacer por parte de un grupo cultural o comunitario, y ante todo los daños culturales son difíciles de contabilizar en cifras monetarias. Lo que también se persigue es evitar que se objeten proyectos por argumentos morales, culturales o históricos.

§13.3, p. 112

El recurrente podrá solicitar al Tribunal Supremo que emita una orden dejando en suspenso la determinación final apelada y los procesos relacionados ante el organismo ante el organismo cuya determinación final se apela. En dicha petición el recurrente deberá demostrar claramente cuáles los daños irreparables que sufrirá de no concederse la suspensión solicitada y prestará una fianza equivalente al estimado de las costas y daños en que pueda incurrir o que pueda sufrir la parte recurrida de concederse dicha solicitud. En la determinación del monto de la fianza, el Tribunal Supremo utilizará como criterio mínimo los daños que ocasione el no proceder con la acción autorizada.

Además de lanzar la apelación de la JAP hasta el Supremo – donde los casos tienen mayores requisitos de radicación y tienen que argumentarse hasta la saciedad – también es obligatorio el prestar fianza, y aplican todas las criticas del inciso anterior.

§13.4, p. 113

La determinación final de la Junta Apelativa o del Tribunal de Apelaciones, será sostenida por el Tribunal Supremo si se basa en evidencia sustancial que obre en el expediente. Las conclusiones de derecho serán revisables en todos sus aspectos. El Tribunal Supremo dará deferencia al peritaje de la Oficina de Gerencia, del Profesional Autorizado o de la Oficina del Inspector General, según corresponda.

Este es otro clavo en al ataúd de la sensatez: no se permite que el Supremo pueda evaluar aunque sea por medio de peritaje cuestiones técnicas, a pesar que eso se ha alegado previamente en otros casos. Al solo dejar discreción a revisar cuestiones de derecho, se socava la autonomía del Alto Tribunal para entender ampliamente en estas controversias.

§14.1, p. 114

Excepto por lo dispuesto en los Artículos 10.3 (r), 10.9, 10.16 y 10.17 de esta Ley, los procedimientos de revisión descritos en los Capítulos 12 y 13 serán los remedios o recursos judiciales son los únicos aplicables y disponibles a la revisión judicial las determinaciones finales emitidas al amparo de esta Ley.

No hay discreción: es obligatorio, como antes comentado ir por medio de la JAP y luego en dirección al Supremo. No son alternativas costeables ni siquiera para una agencia como la nuestra cuando no se respetan los elementos patrimoniales. Esto ha sido un gran despojo de funciones y responsabilidades a favor de elementos irresponsables y burocráticos.

§15.2, p. 115

Disponiéndose que a los fines y propósitos de esta Ley y sus reglamentos, no conceden por sí solos derecho a intervenir: (a) el mero hecho de pertenecer a la misma industria o negocio; (b) participar en un procedimiento sin solicitar oportunamente intervención a través de los mecanismos provistos, aún si dicha participación es continua, activa o repetida; (c) la mera comparecencia a un procedimiento público; (d) el declarar en un procedimiento público; (e) el suplir evidencia documental; o (f) el participar en un procedimiento público en calidad de amicus curiae. La solicitud de intervención se concederá si se cumplen los siguientes criterios: (i) que no existan otros medios en derecho para que el peticionario pueda proteger adecuadamente su interés; (ii) que el interés del peticionario no esté representado adecuadamente por las partes en el procedimiento; y (iii) que el interés del peticionario pueda ser sustancialmente afectado adversamente por el procedimiento. La Oficina de Gerencia o la Oficina del Inspector General podrá requerir al peticionario que se le someta evidencia adicional para poder emitir la determinación correspondiente con respecto a la solicitud de intervención. (Énfasis de JOC)

Estos nuevos criterios descarrilan la participación de muchas personas y organizaciones que han podido exitosamente o no detener proyectos que destruyen o descaracterizan lugares históricos. Aunque el caso de P[as]eo Caribe es el más llamativo, otros como las escuelas de Jayuya (1996), la escuela Castelar en Villa Palmeras de Santurce (1998), el “Docky” de Mayagüez (2005-2008), y sobre todo la salvaguarda de la Casa Degetau de Aibonito (en proceso) han sido promulgados mediante la colaboración de los ciudadanos y personas interesadas que han movido cielo y tierra por proteger un patrimonio que es de todos, y donde entiendo claramente, que cualquier ciudadano se afecta por su pérdida. Además podría darse el caso en que la OGPE, la JAP o el IGP le cierren las puertas en la cara al propio Instituto si a ellos se le ocurre pensar que nuestra agencia no tiene “standing” para ser parte interventora, ya que las reglas para aceptar interventores y partes interesadas son difusas y fácilmente estirables como chicle.

§15.3, p. 116

La Oficina de Gerencia, la Oficina del Inspector General y las Entidades Gubernamentales Concernidas, según aplique, prepararán y aprobarán, conforme a las disposiciones relativas al procedimiento de reglamentación de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y con sujeción a las disposiciones de esta Ley y sus leyes orgánicas, un reglamento conjunto para establecer los requisitos aplicables a los trámites encomendados bajo las disposiciones de esta Ley el cual se conocerá como el “Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos y Recomendaciones Favorables Relacionados al Desarrollo y Uso de Terrenos” y será adoptado por la Junta de Planificación y la firmado por el Gobernador. La Junta de Planificación establecerá, mediante guías internas, el mecanismo que regirá el proceso de la preparación del Reglamento Conjunto de Permisos.

Esto nos pone en otro ejercicio más de estar haciendo, revisando y aprobando reglamentos del cual hemos acabado de salir con el nuevo reglamento de endosos que parece que se tendrá que botar al zafacón gracias a esta ley estúpida. En lo que se redacta, revisa, discute y apela el reglamento, para luego ir al Departamento de Estado para radicarlo, se pueden tomar meses, no años…a menos que se quiera radicar uno por la vía expreso, el cual seguramente tendrá tantas fallas y errores a veces sintácticos y de palabras huérfanas como veo en este proyecto de ley. Entonces ese reglamento terminará impugnado y detenido y no se logrará nada positivo sino aumentar el papeleo.

§15.3, p. 117

Si las Entidades Gubernamentales Concernidas y la Junta de Planificación no pueden llegar a un acuerdo en torno al texto propuesto, se le someterá el texto sugerido junto a la resolución objetándolo de la Junta de Planificación al Gobernador quien tomará la decisión final en torno a la disposición reglamentaria en disputa.

Esta es la “vía expreso” que acabo de comentar. Fortaleza no tiene experiencia en redactar reglamentos de ordenación o urbanismo, por lo que no habrá garantía de calidad en el producto que salga del salón de los espejos. Primera e inaudita vez en que se propone resolver una disputa reglamentaria matando las diferencias en el mas alto cargo de nuestro gobierno. Eso se llama gobernar por decreto. No es participación democrática.

§17.1, p. 119

Cláusulas penales aplicables:

(...)

c. Toda persona que durante el proceso de solicitud de un permiso, intencionalmente o por negligencia crasa con el fin de conseguir que se le expida una recomendación favorable o aprobación a la obra: (a) ofrezca información o hechos falsos; (b) o el diseño de la obra no se ajuste a la ley y reglamentos; (c) o indique hechos o dimensiones que no sean ciertas o correctas; (d) u ocultare información, al someter una certificación, incurrirá en delito grave de cuarto grado, y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no será menor de seis (6) meses y un (1) día ni mayor de tres (3) años o multa que no excederá de diez mil dólares ($10,000.00); o, ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal podrá imponer también la pena de suspensión o revocación de licencia y del permiso o autorización;

d. Toda persona que sin la debida autorización de la Oficina de Gerencia o por negligencia crasa altere la construcción de una obra de tal forma que varíe de los planos o documentos, o el proyecto según aprobada, conforme a las disposiciones de esta Ley incurrirá en delito grave de cuarto grado, y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no será menor seis (6) meses y un (1) día ni mayor de tres (3) años y/o multa que no excederá de diez mil dólares ($10,000.00) por cada infracción; o, ambas penas a discreción del tribunal. En adición, el tribunal tendrá discreción para, en atención a la falta, establecer el período por el que dicha persona quedará inhabilitada para someter planos o documentos para los propósitos de esta Ley la cual no será menor de seis (6) meses ni mayor de cinco (5) años. Si la persona fuese convicta en más de una ocasión por el delito que aquí se establece, quedará permanentemente inhabilitada para someter solicitudes o documentos para los propósitos de este Ley. El tribunal podrá imponer también la pena de suspensión o revocación de licencia;

e. Si como consecuencia de la conducta expresada en los incisos (c) y (d) de este Artículo, ocurre una lesión que no deja daño permanente, pero requiere atención médica, ayuda profesional especializada o tratamiento ambulatorio, la persona causante incurrirá en delito grave de cuarto grado y, de ser convicta, se le impondrá una pena de reclusión por un término fijo de un (1) año y/o una multa no menor de cincuenta mil dólares ($50,000). Si la persona fuese convicta en más de una ocasión por el delito que aquí se establece, quedará permanentemente inhabilitada para someter solicitudes y documentos para los propósitos de esta Ley;

(...)

En proyectos de patrimonio, donde a menudo las condiciones no son evidentes debido a la naturaleza del proyecto o la dificultad de acceso a ciertas partes, hay que hacer ajustes continuos durante el proceso de construcción. Algun empleado de las nuevas agencias de permisos puede ver eso como una violación de ley y mandar “adentro” a los responsables. Lo que esto hace es que se practique la arquitectura defensiva y se va a afectar adversamente la calidad del diseño tanto en obra nueva como en intervenciones sobre edificaciones patrimoniales. Aunque esta clausula busca penalizar a constructores que “cortan esquinas”, su fraseo debe ser mas claro para asegurar que solo aquellas personas que alteran obras (generalmente nuevas, no obras patrimoniales, aunque también allí se han dado casos) de forma dolosa e intencional y a sabiendas de que obran mal, sean penalizados.

§18.6, p. 124

Se eximen de todas las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme [LPAU] todos los procedimientos para la evaluación y otorgamiento de permisos, comentarios, determinaciones finales, recomendaciones favorables, certificaciones, licencias, certificados o cualquier otra autorización similar otorgada por la Oficina de Gerencia o un Profesional Autorizado, así como la adjudicación de querellas u órdenes administrativas por el Inspector General al amparo de las disposiciones de la presente Ley.

Lo que buscan es que el proceso de permisos opere por encima de la ley y que no se puedan invocar los recursos de transparencia y de responsabilidad de los funcionarios que exige la LPAU como parte de su exposición de motivos y razón de ser. No veo por qué la LPAU no puede regir estos procedimientos, si se supone que sean cobijados por una presunción de legalidad.

§19.1, p. 126

Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 374 del 14 de mayo de 1949, según enmendada, para que lea: “Artículo 6.- En armonía con lo dispuesto en la Ley Núm. 374 de[l] 14 de mayo de 1949, según enmendada, no podrá implantarse sin la previa aprobación de la Junta de Planificación o de la Oficina de Gerencia de Permisos [Administración de Reglamentos de Permisos], según corresponda, acción alguna en una zona antigua o histórica o en una zona de interés turístico que modifique el tránsito o altere los edificios, estructuras, pertenencias, lugares, plazas, parques o áreas de la zona por parte de personas particulares o agencias gubernamentales, incluyendo los municipios. La agencia pertinente no podrá aprobar ninguna de las acciones señaladas sin contar con los comentarios [el previo endoso favorable] por escrito del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en el caso de una zona antigua o histórica y de la Compañía de Turismo, en el caso de una zona de interés turístico. Para aquellas acciones de la naturaleza señalada en el párrafo anterior que hayan sido implantadas previo a la aprobación de esta ley o se implanten en el futuro, la Junta de Planificación, motu proprio, con el asesoramiento del Instituto de Cultura Puertorriqueña en el caso de zonas antiguas o históricas y de la Compañía de Turismo en el caso de zonas de interés turístico, o a petición de cualquiera de dichas agencias o de cualquier funcionario, organismo o persona interesada, podrá iniciar la investigación correspondiente para determinar si la acción de que se trata esta conforme a los propósitos y fines de esta Ley. La Junta de Planificación podrá requerir la información necesaria de todas las fuentes que estime pertinente, ofrecerá un término razonable a las partes para expresarse sobre la información recibida o generada y podrá celebrar vista administrativa o audiencia pública para recibir información en los casos que estime necesario. Luego de evaluada la información y evidencia obtenida, la Junta de Planificación podrá ordenar, entre otras cosas, la paralización de la implantación de la acción de que se trate y la restitución de la zona a su estado original, requerir la modificación de la acción implantada o implantándose, o condicionar la continuación de la implantación de la acción al cumplimiento de los requisitos pertinentes para garantizar los propósitos y fines de esta Ley. Cualquier parte afectada por la determinación de la Junta de Planificación o de la [Administración de Reglamentos y Permisos] Oficina de Gerencia de Permisos podrá recurrir en revisión al Tribunal de Primera Instancia, a tenor con lo dispuesto en el Artículo 5 de esta Ley.”

Este cambio es cónsono con la conversión del ICP en una agencia emasculada y sin poder para obligar a que el patrimonio se respete. No habrá economía de tiempo ni recursos si el Instituto deja de dar endosos vinculantes… pero ahora vuelven a decir en esta enmienda que si no hay comentarios del Instituto, el proyecto no va. ¿? Dicen que nuestra agencia ahora en adelante solo sirve para emitir comentarios. ¿Pero donde empiezan los comentarios sobre lugares patrimoniales?, Dependiendo del texto o capitulo de este proyecto de ley, son o no son vinculantes, son o no son hechos por las EGC’s, o por el director ejecutivo de OGPE, o por uno de los llamados “gerentes”. ¡No hay uniformidad ni consistencia entre los mismos capítulos y secciones de este proyecto de ley! Reitero que el establecer estas nuevas oficinas va a aumentar, no a disminuir, las fricciones entre agencias y entre público y reguladores y va a aumentar el papeleo. La realidad es que modificar la estructura del sistema de permisos no es la solución, el sistema actual es relativamente bueno – o al menos aceptable - y se puede hacer trabajar, pero no legislando para crear nuevos puestos o para mover funciones caprichosamente.

§19.4, p.128

Se enmienda el Artículo 3.002 de la Ley Núm. 201 de 22 de agosto de 2003, según enmendada, conocida como Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2003 para que lea como sigue: “Artículo 3.002. 1 -Competencia.- El Tribunal Supremo o cada una de sus salas conocerán de los siguientes asuntos: a) … … d) Mediante auto de certiorari, a ser expedido discrecionalmente, revisará las demás sentencias o resoluciones del Tribunal de Apelaciones, en los términos dispuestos en las reglas procesales o en leyes especiales, así como las determinaciones finales tomadas por la Junta Apelativa de Permisos. … h)…”

Sí, el nuevo sistema de permisos va a ser un mecanismo privilegiado ya que no va a tener que pasar por los pedestres corredores del Tribunal Apelativo. La idea real es desalentar a los ciudadanos y las propias EGC’s de quejarse de las obras de construcción que se hagan… que confíen ya que están en las “buenas manos” de la OGPE y sus afiliadas.

§§19.5-19.8, pp.129-142

Esta ley cambia la composición de la Autoridad de Desarrollo y Conservación de Culebra de 1975 (Ley 1975/66, 22 de julio). La Autoridad queda como un ente recomendador conforme a las enmiendas establecidas en estos artículos. La política territorial, y el manejo de decisiones territoriales y de obras inmuebles, pasan a manos de la Junta de Planificación y las nuevas oficinas de permisos. También la Junta de la ACDC se cambia como sigue:

COMPOSICION DE AUTORIDAD DE DESARROLLO Y CONSERVACION DE CULEBRA
ANTES: 4 personas particulares con conocimiento de temas ambientales y de conservación, pueden ser o no residentes de Culebra. Recomendados por el Alcalde, designados por el gobernador.
AHORA: NINGUNO.
CAMBIO:Eliminacion de todos los cuatro puestos

ANTES: El Alcalde del Municipio de Culebra, quien puede ser presidente de la entidad y votar en deliberaciones.
AHORA: El Alcalde del Municipio de Culebra, quien puede votar en deliberaciones.
CAMBIO: Se mantiene, ahora puede delegar, pero NO puede ser por ley presidente ni vicepresidente de la entidad.

ANTES: 2 empresarios o comerciantes residentes de Culebra. Recomendados por el Alcalde, designados por el gobernador.
AHORA: 1 empresario o comerciante, no tiene que ser residente.
CAMBIO: Se reduce uno y se elimina el requisito de residencia e igualmente el que el Alcalde deba recomendarlo.

ANTES: No hay otros funcionarios de gobierno a menos (posiblemente) que sean entre las “personas particulares con conocimiento” reseñadas arriba.
AHORA: Secretario (Ministro) de Desarrollo Económico y Comercio, Director de Turismo estatal, Secretario (Ministro) de Recursos Naturales, Presidente de la Junta de Calidad Ambiental, Presidente de la Junta de Planificación (los nombramientos pueden ser delegados).
CAMBIO: Nuevos miembros de la Autoridad que sustituyen a los ciudadanos cuyos puestos se eliminan y a uno de los empresarios. Sólo ellos son elegibles a presidir la entidad.

Y en la §19.8 se elimina el requisito de la ley de la ACDC (Ley 1975/66, §6) en la que estipula el requisito de endoso de la ACDC para obras en el limite municipal, y la disposición que dice: “En los reglamentos y normas que regulen la construcción de edificios en Culebra, se prohibirá la erección de estructuras que sobrepasen la altura de doce (12) metros o cuatro (4) plantas en la zona urbana y de nueve (9) metros o tres (3) plantas en el área rural.”

No voy a comentar mucho esto, pero va a tener un efecto funesto sobre los restos históricos y arqueológicos en la isla de Culebra. No habrá insumo adecuado de parte de los ciudadanos, y las agencias que como quiera tienen que intervenir en asuntos cotidianos de la isla ahora son las verdaderas dueñas del gobierno local, en perjuicio de los alrededor de dos mil residentes permanentes. Ahora los proyectos no tienen que ser revisados por parte de los vecinos de la isla, y sobre todo la liberalización de los requisitos de altura permitirá la llegada de megaproyectos orientados a personas pudientes, acelerando el proceso de desposesión de las viejas familias culebrenses.

§19.9, p.142

Se derogan los Artículos 6 y 7 de la Ley Núm. 10 de 7 de agosto de 1987, según enmendada, conocida como la “Ley de Protección, Conservación y Estudio de los Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos”, disponiéndose que toda facultad, deber u obligación que dicha Ley le imponga al Consejo para la Conservación y Estudio de los Sitios y Recursos Arqueológicos Subacuáticos que no esté en conflicto con las obligaciones, deberes y facultades otorgadas mediante la presente Ley a la Oficina de Gerencia queda transferida al Instituto de Cultura Puertorriqueña.

§19.10, p.142

Se derogan las secciones 2 y 3 de la Ley Núm. 112 de 20 de julio de 1988, según enmendada, conocida como la “Ley de Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico”, disponiéndose que toda facultad, deber u obligación que dicha Ley le imponga al Consejo para la Protección del Patrimonio Arqueológico Terrestre de Puerto Rico que no esté en conflicto con las obligaciones, deberes y facultades otorgadas mediante la presente Ley a la Oficina de Gerencia queda transferida al Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Sí, las facultades se redirigen al Instituto pero recargan a la ya diezmada oficina de Arqueología, que solo tiene dos empleados arqueólogos, un etnohistoriador y una paraprofesional. Y solo tiene nuestra agencia capacidad de recomendar. La destrucción de los Consejos Arqueológicos desnuda la verdadera intención de esta ley de buscar recortar posibles retos y desafíos a los proyectos que tienen impacto comunitario, ambiental y cultural. Estos consejos, no importa los problemas burocráticos que han tenido y a veces la falta de consenso entre sus miembros, han hecho a pesar de los pesares un trabajo significativo en rescatar nuestra más recóndita memoria. El prejuicio es tan evidente que sinceramente huelgan más comentarios… en lo que respecta a arqueología y patrimonio, aprobar esta ley significa que nuestros arqueólogos ahora no tienen valor como trabajadores de la cultura, el rescate de nuestro legado ancestral no cuenta ante la desesperación de aprobar proyectos de construcción no fiscalizables, de presentar una cara hipócrita de ser eficientes y “competitivos” ante los grandes intereses corporativos y empresariales del mundo transnacional. Pero no hay un compromiso sincero con establecer ni un plan racional de uso de terrenos, salvaguardar tierras y lugares para la agricultura, la ecología y la historia, proteger los paisajes culturales ricos de nuestro país ni simplificar papeleos innecesarios y redundantes. Traquetear con las estructuras de mando y de administración da la ilusión de que se hace algo, pero lo que necesitamos mas es una reforma administrativa y un nuevo compromiso con aquello que nos da sostenibilidad y personalidad propia. En fin esta ley tiene dentro de si las contradicciones que la llevaran a un soberano fracaso.

A otro ritmo… (fragmento)

Atisbos del movimiento 'Cittaslow' se perciben en Puerto Rico con su promesa de una mejor calidad de vida.

Por Aurora Rivera / arivera@elnuevodia.com
Originalmente publicado en El Nuevo Día, sábado 17 de enero de 2009

¿Podrá algún día la gente de Adjuntas, San Germán o Barranquitas ver a su pueblo boyante económica, social y culturalmente, trabajar y vivir allí sin tener que emigrar o viajar diariamente a pueblos distantes y más ajetreados, lejos de su familia y su hogar?

Un deseo similar dio paso a la idea que desde octubre de 1999 ha motivado a los líderes de más de 70 ciudades a certificarlas como 'cittaslow' o ‘slow cities’ (ciudades lentas).

Todo comenzó en Greve in Chianti, Italia, donde su entonces alcalde -Paolo Saturnini- quiso que su gente viviera de forma menos frenética, pero más humanizante y ecológicamente correcta, de modo que se creara una sociedad más solidaria y con más respeto a lo local aunque consciente de la globalización.

Buscó la ayuda de Carlo Petrini, padre de 'slow food', movimiento que a su vez surgió en 1989 para contrarrestar el 'fast food' mediante el redescubrimiento de los sabores culinarios regionales y el disfrute pausado y placentero de estos. Al rescatar esa sabiduría del pasado y combinarla con lo mejor del presente y del futuro los italianos crearon la tendencia que ya ha llegado a países como Alemania, Gran Bretaña, Corea y Noruega, entre otros.

Según se explica en el sitio electrónico www.cittaslow.net, las certificaciones se
efectúan analizando detalladamente 59 puntos en seis categorías principales: política del medio ambiente, política de infraestructura, tecnologías para la calidad urbana, valorización de las producciones autóctonas y conciencia de los ciudadanos. Además, “las Cittaslow ofrecen siempre lugares especiales con ocasiones culturales y encuentros sociales”, “tienen la capacidad de hacer moda y de enseñar a las metrópolis” y “el objetivo de sostén que va a la par con la calidad en todas sus formas”.

¿Será posible vivir eso en Puerto Rico, un país rico en cultura y recursos naturales, donde 60 de los 78 municipios tienen menos de 50 mil habitantes? Según informara a Por Dentro Pier Giorgio Oliveti, director de la asociación Cittaslow en Italia, ningún país de América está certificada, aunque ha habido peticiones de Brasil y Colombia. De hecho, un reporte del periódico El Colombiano en agosto pasado presenta a Pijao en el Quindío como la primera ciudad sin prisa de Colombia. Definitivamente existen movimientos cónsonos en la región, y en Puerto Rico.

De acuerdo con el arquitecto Jorge E. Ortiz Colom, algunos candidatos locales para 'slow city'serían San Germán, Maricao, Adjuntas, Comerío, Maunabo, Patillas o Barranquitas pues tienen alguna de las características de ciudades 'slow' como arraigo a la agricultura y la gastronomía tradicional, respeto al patrimonio histórico y natural, vida comunitaria y cultural, mentalidad conservacionista, entre otras.

Ortiz Colom reconoce que en las ciudades más metropolitanas podrían crearse bolsillos 'slow', pero en general estima que será algo difícil diseminar el concepto en la Isla porque ni los desarrolladores lo tienen presente. Por eso invita a reconocer la necesidad de adoptar principios del 'cittaslow' y a sacar tiempo para estar con uno misma, en calma y así vivir mejor.

IDIOMA, URBANISMO Y CULTURA I: ¿Puerto Rico... la Filipinas del Caribe?

Los que me conocen saben que resido en Guayama, ciudad del sureste de Puerto Rico, lugar objeto de controversia por la propuesta de su nueva alcaldesa Glorimari Jaime de anglificar nombres y rótulos - sobre todo en el centro urbano - para supuestamente atraer el turismo y promover el bilingüismo.

Aunque mi trasfondo personal es la arquitectura no puedo sustraerme a la importancia de otras manifestaciones culturales sobre todo el idioma, el cual como dijera Unamuno es la sangre del espíritu. El idioma no es como un gabán de abogado que se pone y quita a voluntad: incorpora una visión, un mindset, un Weltanschauung, un cadre de vie, ¿en cuántos idiomas tengo que decirlo? que puede aproximarnos o distanciarnos de la realidad.

Muchos de nosotros nos hemos interesado en naciones hermanas del universo hispano. Los países tocados por tres siglos o más por España son en rigor parte de nuestra sangre. A muchos les entusiasma el esplendor de México, la afinidad con Cuba o Santo Domingo, los misterios del Perú o las pampas y la cosmopolita capital de la Argentina. Nos atraen a veces por tener amigos o familiares, o por la imagen de las crónicas de viaje.

Bueno, hoy admito que el pais hispano que mas me "prende" es Filipinas. Sí, el distante archipiélago asiático a las puertas de la China. No tengo familia allí ni compañeros de trabajo, ni lo he visitado, ni tengo negocios, ni propiedades ni nada de nada personal allí. ¿Por que me intriga tanto? En parte, porque entre las naciones hispanas, y en parte gracias a los norteamericanos post-1898 y en parte a voluntad de sus grupos nacionales dominantes (los glorimaris locales, como dirán algunos de ustedes) cambió de forma abrupta y total el español como idioma de gobierno, enseñanza, negocios y medios de difusión... ¡POR EL INGLÉS! ¿A cambio de qué?

Paso el "micrófono" al distinguido intelectual e hispanista filipino Guillermo Gómez Rivera. En una entrevista para el website Letralia, dice él en su perfecto español que:

La pérdida del español para el filipino ha comportado el desarraigo de su propia cultura, por el que tanto los individuos como las colectividades filipinas hoy carecen de una voluntad para progresar. De hecho hay un refrán filipino que recita: "quien desconoce su pasado no entiende su presente y no tiene la voluntad de ganarse su futuro" (ang hindi lumiñgón sa pinanggaliñgan, di puedeng maka-intindi nang kanyang kasalukuyan, at hindi makararating sa paroroonan); en cierto modo - por la situación tan crítica que vivimos - el filipino piensa que no tiene ningún futuro.

Esta crisis de identidad se está traduciendo, en estos momentos, también en una crisis política que escinde al pueblo filipino entre la clase pobre, que es la inmensa mayoría, y la clase pudiente, que son más o menos 400 familias, sobre una población total de más de noventa millones. La crisis de identidad se traduce en la falta de idealismo y de conocimiento de sí mismo, por parte del ordinario filipino; pero también, de aquellos altamente educados supuestamente en inglés, que venden el voto al mayor postor.

En otras palabras, para los filipinos, el idioma INGLÉS ha sido igual a la perpetuación de la POBREZA. Un país culturalmente desarraigado que tiene que leer - ¡INCREIBLE! - a sus grandes próceres y autores como José Rizal, el padre de la patria, traducidos perdiendo la riqueza del idioma original; excluido de acceder a sus propios archivos nacionales por una colosal barrera lingüística; incapaz de entender la historia excepto aquella filtrada y traducida al anglosajón.

La economía filipina angloparlante dejó que el transnacionalismo mal entendido arruinara su industria y dejara a la agricultura en pobre condición con una continua insuficiencia alimentaria y despoblación del campo. La infraestructura es un desastre, sobre todo en la sobrepoblada y siempre ataponada capital de Manila, donde más de la mitad de la gente vive en arrabales tipo "El Fanguito"; algunos inclusive viven DENTRO de los vertederos municipales, vendiendo basura reciclada para subsistir.

Hay patrimonio cultural en el país: pero la ciudad antigua de Intramuros de Manila fue borrada del mapa en 1945, curiosamente por los americanos intentando reconquistarla. Muchos filipinos hispanoparlantes se fueron al otro mundo en la jugadita. Otros lugares adolecen - según las imágenes que he visto - de falta de mantenimiento y pobre manejo, y estoy convencido que al no poder entender los documentos antiguos, no se tiene a la mano toda la información histórica necesaria para asegurar su óptima conservación. Inclusive el monumento más conocido del país, las terrazas arroceras de los ifugaos, se han ido abandonando ya que no hay incentivos para mantener la población con sus milenarias, aunque cada vez menos rentables, tradiciones agrarias.

Es un país donde los mejores talentos emigran, en muchos casos a países europeos y otros más desarrollados de la propia Asia, en muchos de los cuales, a propósito, no se habla inglés. De hecho hay casi veinte mil filipinos emigrantes nada menos que en España, donde tienen que volver a masticar el castellano que se les ha negado en su país de origen - ¡tamaña ironía!. Una nación en perpetua crisis y en peligro de colapso económico: ¿ese es el futuro que deseamos nosotros para Borinquen? Por copiar a los anglonorteamericanos ("WASP-usenses", inteligente adjetivo inventado por Gómez Rivera), lo que vamos a terminar es, no como un enclave tropical de USA, sino como la Filipinas del Caribe, y sabe Dios si yendo en yolas a la República Dominicana.

Próxima parte: "Downtown": ¿entelequia o promesa?

¿¡Puerto Rico en revista norteamericana de patrimonio!?

Quedé sorprendido al recibir mi primer ejemplar del "nueve" - enero y febrero - de la revista oficial del National Trust for Historic Preservation estadounidense, Preservation. En vista aérea el lado norte de la Plaza de Armas sanjuanera y el caótico paisaje de miradores hacia las calles Luna y Sol, y superimpuesto en letras blancas, ¡VIVA LA PRESERVACIÓN! (así, en castellano aunque la revista y su artículo están en inglés). Adentro, el periodista Eric Wills - cuyas credenciales no pude averiguar porque la nota del editor enfocó esta vez en sus "resoluciones" de año nuevo, las cuales espero que duren algo más que una promesa de Milhouse - expone una visión generalmente correcta, aunque parcial, sobre el estado del patrimonio en nuestro país.

En su escrito de 8 páginas impresas cuyo título se traduce como "Custodiando las glorias de San Juan" el articulista entrevista a algunos protagonistas de la escena "patrimonial" puertorriqueña (todavía me pregunto, porqué no se me acercó para darle una información que entiendo útil para comprender la situación tema de su escrito). Gracias a Dios que don Ricardo Alegría Gallardo fue uno de ellos - aparte del incondicional respeto que guardo a don Ricardo, cuando uno analiza de un punto de vista histórico las estrategias patrimonialistas que esgrimió a lo largo de su larga carrera, aun cuando objetivamente muchas de ellas adolecen de deficiencias. Pero lo que propuso don Ricardo en su tiempo fue lo mejor que se podía, ¡y reconozco que sus tácticas casi siempre fueron brillantes! ¿Qué sería el patrimonio puertorriqueño sin la oportuna defensa que montó en una época crítica?

De los otros con quienes Wills habló, algunos en este campo son algo, otros menos, otros nada. Pero la esencia del artículo tímidamente sale del sanjuanocentrismo encontrado en mucha información sobre el patrimonio puertorriqueño y al menos en cuatro párrafos lacónicos que resultan ser del proceso de P[as]eo Caribe (no menciona ese nombre allí) atisba algo de la participación social como componente esencial de la defensa de nuestra cultura construida. Sólo creo que Mr. Wills no debió haber perdido su tiempo entrevistando a Mr. Arthur Wood, el verdugo de P[as]eo Caribe... ¿para qué, para luego llamar provocateur a nuestro Tito Kayak? ¡Ahí es que la puerca entorchó el rabo!

El Fideicomiso de Conservación de Puerto Rico toma protagonismo a pesar que no tiene el multidimensionalismo del NTHP continental (sobre el Fideicomiso y sus políticas postearé en el futuro, y va a tener algo de halago y algo de ranteo, se los aviso). Y solo hacen mención de la hacienda Esperanza de Manatí y del nuevo proyecto del acueducto antiguo de San Juan, no de las iniciativas exitosas de la entidad como la Hacienda Buena Vista de Ponce, la reserva de Guaniquilla, el Cañón de San Cristóbal, o el Faro de Fajardo y la reserva adyacente. Pero Lloveras y los Fideicomisarios - hello, wake up! - aun tienen que ver que fueron encomendados con una función divulgativa y educativa esencial que tiene que trascender los límites de los bienes raíces que custodian y la cadena de los fondos que reciben en propuesta o por ley. ¿Cuándo, señor, cuándo?

Concluyo este análisis presentando la e-cartita (en inglés, of course) que mandé al editor de Preservation sobre el articulito, y que resume otras de mis preocupaciones tras una frenética y crítica lectura del mismo.

Mr. Eric Wills' article on preservation in Puerto Rico ("Guarding the Glories of San Juan", Jan.-Feb.) did not explore sufficiently the role that community-based preservation has had in Puerto Rico, especially in older urban neighborhoods such as San Juan's early-20th-century Miramar, where high-rise encroachment and teardowns have been a constant threat. Actually we have in our State registers, besides Ponce, Old San Juan, and Miramar itself, seven other historic districts and close to 300 individually listed sites, a large number of them submitted by local civic and cultural organizations, or local authorities. One of these districts, San Germán in the southwest, is remarkable for its state of conservation, and the care many owners and residents lavish on their properties.

Because of historic factors, Puerto Rican architecture is phenomenally diverse for an island this size, and French, English, homegrown Creole and even American influences [se me olvidó mentar la española, pero, ¡qué rayos!, ya había apretado el botón "send"] have all shaped its heritage. Only exploring beyond San Juan's "Neoclassic-Colonial" walled city can one really appreciate the true challenges that we, Puerto Rican preservationists have to face - among others, recovering techniques of preservation of wood, brick and stone in the tropics, stabilizing residents in town centers, promoting local commercial and cultural activities, rural preservation, and navigating complex state and local regulations. The protection of our many delicate cultural landscapes in the country - the product of a long agricultural past linked to sugar, coffee, tobacco and smallholder farming, and some places are even redolent of our indigenous past - has become a major issue facing unrelenting construction of malls and subdivisions in the countryside with no sensitivity to the meaning of place. This phenomenon has sparked considerable community activism - often marching hand-in-hand with our many environmentalists - with infrequent victories in regulatory agencies and the courts.

Nos complace que nuestro patrimonio vuelva a tener primeras planas en una entidad patrimonialista de la envergadura del NTHP estadounidense. Pero, oigan, ¿desde cuándo nos han incluido dentro de los "Study Tours"... o cuándo alguno de los "Trustees" locales ha mencionado nuestra tradicional hospitalidad para traer en el futuro la National Preservation Conference anual a nuestra isla? Atención, parece que hay unos fusibles fundidos... :(

Learning from San Mateo (III)

Durante la primera mitad de 2005, una espada de Damocles pendió sobre el sector de San Mateo en Santurce. Muchos de los residentes ya habían sido forzados a irse de la comunidad, a menudo parando en lugares tan "cercanos" como Aibonito y Barceloneta. Pero varios, tales como don Meinardo, don Gilberto, la familia Lasanta y doña Carmen en la calle Candelaria se negaron a salir. El edificio de Mary Anne Hopgood colindante con doña Carmen se había convertido en el Museo del Barrio, una colección heterogénea de objetos de la vida cotidiana de la comunidad, dejados a toda prisa por sus antiguos vecinos incapaces de mudar su vida a nuevos y (casi siempre) más pequeños domicilios. A su vez se empezaron tertulias, encuentros y momentos de socialización casuales que mantuvieron la moral de los defensores remanentes de la comunidad y de quienes dimos apoyo y solidaridad en este último momento crítico de la pasión y muerte de San Mateo.

Durante estos apasionados meses continuó el teatro popular, las excursiones nocturnas y el ambiente de animación. Amnistía Internacional hizo su reunión anual aquí y se presentaron películas, recordando yo con especial impacto el clásico Metrópolis hecho en 1926 por el director alemán Fritz Lang, filme que mostraba la distopia de una gran ciudad de voluminosos edificios, la que habia desahuciado a sus mayorías a un inframundo subterráneo, del cual estas se rebelaron. Entonces se propuso - ¿por qué no? - crear una contrapropuesta, una alternativa surgida de la comunidad restante que presentara la posibilidad de densificar y "mejorar" el sector manteniendo parte de su memoria, a su vez reteniendo y reclamando sus tradicionales residentes y ofreciendo viviendas para otros más.

Así, este servidor, en asociación con el ingeniero Rogelio Figueroa (el que años después se postulara para gobernador) pusimos manos a la masa y en varias sesiones dominicales sacrificamos los placeres recreativos y espirituales para dedicarnos a trabajar dicha contrapropuesta. Queríamos evitar la arrogancia y falta de sensibilidad a la huella del pasado del megaproyecto adyacente de Ciudadela, el cual casi arrancó de cuajo la memoria de varios lugares importantes para la vida de Santurce; y queríamos evitar la pretensión de desarrollar en grandes torres multipisos con el fin de épater a los inversionistas boricuas e internacionales con la promesa del glitz de gran urbe multinacional en el ambiente que solo hace un siglo fue de cangrejos, bateyes y pequeños propietarios de raíz afroborinqueña.

La propuesta final incluia un total de 198 apartamentos (93 existentes reusados), cuatro niveles de oficina en un edificio de esquina y 17 locales comerciales integrados a la trama del proyecto.Los apartamentos absorbieron varias de las relaciones espaciales tradicionales. Se proyectaron con sala lateral de profundidad completa, siguiendo la costumbre vernácula, aunque con ajustes para la privacidad moderna. Se les dotó de balcones frontales y el pasillo de acceso fue conceptualizado como una galería abierta con vista a patios comunes. El puntal interior de los apartamentos se hizo de 3 metros (10 pies). Los techos inclinados incorporarían dispositivos de recuperación de energía y agua - paneles fotovoltaicos, colectores solares, y cisternas para aguas de lluvia. Bajo las pendientes de estos techos, apartamentos pequeños servirían a personas solas o familias pequeñas.

De lo existente, varias casas de apartamentos y casi todos los edificios mayores (entre ellos el antiguo hospital Mimiya) se rehabilitarían y en algunos se proponían treinta espacios abiertos tipo “Loft” para atraer artistas debido a la proximidad del Museo de Arte de Puerto Rico. Las cinco casas de madera remanentes en el sector se quedarían, una como residencia y las otras reutilizadas como lugares de reunión y actividades culturales. El régimen propuesto de fideicomiso colectivo de tierras de los vecinos actuales, compartía la misma idea que ha sido postulada para los residentes junto al Caño Martín Peña, como medio para asegurar su estabilidad. Los estacionamientos quedarían bajo tierra, dejando arriba viviendas y espacios abiertos, con una plaza como transición al Museo de Arte.

Aunque la propuesta “insurgente” empezó a circular entre funcionarios y los primeros estimados de costo eran halagadores, todo llegó muy tarde para frenar la obstinada demolición del distrito, aun tres años después un páramo ocupado por una sola familia que resistió irse. No que el equipo de trabajo tuviese esperanzas de concretar este proyecto; los obstáculos eran formidables. Pero ver, aunque sobre papel, un desafío al conventional wisdom sobre intervenciones urbanas en zonas centrales fue estimulante para todos el equipo de trabajo.

Ya en septiembre de 2005 se ejecutaron los últimos desahucios, solo negándose a salir la familia Lasanta, gente demasiado imbricada en la cotidianidad santurcina como para esperar que sobreviviesen en los vacíos suburbanos y esclavizados a sus autos. Mary Anne acabó en una paradisíaca pero solitaria finca en los montes de Aguas Buenas, don Gilberto, el viejo nacionalista, se trasladó al Alto del Cabro a siete paradas de distancia pero la ayuda gubernamental prometida para arreglar su "nueva" casa usada y dilapidada nunca llegó - acabó arrimado en un solo cuarto junto a su hermana, hacinados ambos en la desesperación. De don Meinardo de la Antonsanti nunca volví a saber, me decían que andaba por Bayamón o cerca, y me imagino sin sus fieles gatitos, ahogándose en soledad.

La navidad de 2005-2006 testimonió la muerte final de esta esperanza mientras San Mateo, excepción hecha de la casa Lasanta, se convirtió en un páramo de cascotes de hormigón, madera astillada, y tierra baldía. Inclusive las promesas hipócritas de salvar fragmentos edificados como pisos de loseta criolla y los relieves del hospital fueron promesas vacías que no se cumplieron hasta donde conozco. Dos días antes de la conmemoración del Nacimiento del Niño Jesús, caminé el desastre con Mary Anne y Deborah Hunt, la titiritera y vecina de zona colindante; y los tres lloramos - Mary hasta deprimirse - la pérdida de lo que fuera un vital y humilde vecindario que pudo ser promesa para el futuro. ¡Oh... Qué triste Navidad!, como dice el popular bolero, pero fue doblemente triste porque significó la insensibilidad de los poderes públicos no sólo a un pueblo en crisis, sino a una memoria histórica y cultural que por mandato constitucional tienen la obligación de defender y recuperar.

BREGA... BREGA... ¡PERO BREGA BIEN!

Hoy le decimos ARRIVEDERCI a la caótica e improvisada administración de Acevedo Vilá y HELLOOOO!! a la siempre balsámica (hasta que no se descompone) esperanza que el gobierno de Luis Fortuño traiga una gestión superior de los asuntos de estado. Durante unos cuantos días nos hallaremos en una especie de limbo mientras todo se rearregla con el ascenso de los nuevos y reelectos alcaldes.

Esta entrada de hoy es una apasionada, hasta donde me quede pasión por algo, petición al gobierno entrante en lo relacionado con el rescate del patrimonio. Ante todo, quiero que sea leida por parte de la Fortaleza, la Junta de Planificación, y las dos agencias patrimoniales de Puerto Rico, el Instituto de Cultura Puertorriqueña y la Oficina Estatal de Conservación Histórica.

No es secreto que nos hallamos en una delicada crisis tanto fiscal como moral de nuestras instituciones. Y el patrimonio cultural, artístico, arquitectónico y arqueológico ha sufrido. ¿Cómo podemos justificar que nuestro principal archivo histórico lleve medio año cerrado? ¿Por qué hemos visto demoliciones de edificios aun en zonas históricas declaradas tales como Guayama, en donde se ha acabado de "limpiar" una manzana completa con algunas casas que aportaban al carácter del área, con el fin de hacer un supuesto centro gubernamental? ¿Cuántos museos de nuestro país trabajan a "medio pocillo" o se han cerrado por falta de personal o por malas condiciones de mantenimiento?

Nuestro temor es, dado la escasez de fondos y los déficits proyectados en el futuro, que se decida prescindir de esta faceta cultural importante por verse menos esencial que la educación, la salud o la infraestructura. En realidad, nuestro patrimonio educa, mantiene la autoestima y moral del pueblo y por tanto su equilibrio mental y de salud, y es una parte vital de infraestructura urbana, rural y de turismo de la cual no se toma nota adecuada en los procesos de ordenamiento territorial o de ejecución de nuevas obras. Señores, en muchos lugares de Europa y hasta en Latinoamérica, se destinan sumas de dinero a la gestión cultural del gobierno que superan por mucho el raquítico (y según mi estimado más optimista) 0.2 % - dos décimas del uno por ciento, una quinientosava parte del presupuesto público - consignado a todas las manifestaciones de la cultura - incluyendo además música, teatro, literatura, artesanía, etc. ¡Una gran vergüenza!

De la memoria histórica y la presencia del pasado, su mejor manifestación y la mas contundente es la de sus restos materiales, especialmente sus edificaciones y los paisajes culturales (de esto ultimo "I am going to give such a can this year") que se hallan entre los espacios cotidianos de nuestra humanidad. Tenemos que tener como misión de gobierno, pueblo, y profesionales el llamar la atención hacia los mismos y protegerlos, hacerlos parte vital de nuestra vivencia, reafirmar nuestra memoria pluricentenaria sobre este territorio. Orgullo de nuestros ancestros desde los indígenas hasta nuestros ancestros inmediatos, el patrimonio está bien presente en nuestra vida y conciencia. No es moral destruirlo por codicia o ignorancia.

Y a nuestro nuevo gobernante, Hon. Luis Fortuño con su equipo, con nuestro patrimonio, nuestra memoria, nuestras colecciones culturales, nuestras expresiones temporales e intangibles, en fin con nuestra CULTURA... BREGA... BREGA... ¡PERO BREGA BIEN!

CUBA: MEDIO SIGLO DEFENDIENDO LA CULTURA Y EL PATRIMONIO (apunte general a modo de introducción)

Por cincuenta años al día de hoy la República de Cuba, dentro de su proceso revolucionario y valiente, ha incluido la recuperación del patrimonio como componente esencial del mismo. Quiero en este blog analizar los éxitos y problemas de la defensa del patrimonio cultural cubano. Inicialmente, como homenaje urgente a ese GLORIOSO MEDIO SIGLO de logros en favor del patrimonio, reproduzco esta noticia de mi grupo de Facebook Patrimonio Histórico de Puerto Rico, celebrando la cuarta ciudad cubana ingresada a la lista del Patrimonio de la Humanidad.

18 de julio de 2008
CUBA SE APUNTA OTRA... Y CUANDO LO HAREMOS NOSOTROS?
Camagüey es la cuarta ciudad cubana en entrar al Patrimonio Mundial

Hemos conocido que el 7 de julio de 2008 la Unesco confirió a la ciudad cubana de Camagüey, en el centro-este, el honor de ser la cuarta ciudad de este país en entrar a la lista del Patrimonio de la Humanidad acompañando a la Habana Vieja, Trinidad, y Cienfuegos.

Urbe de barro, mampostería y piedra, con sus techos de teja roja y sus tinajas, cuna del excelso poeta Nicolás Guillén, la ciudad antes llamada Puerto Príncipe es otro galardón que demuestra lo serio que es el asunto del patrimonio, su respeto y realce, en la hermana tierra.

Por la ridícula legislación gringa que exige consenso del 100% de los dueños para designar una ciudad Patrimonio Mundial, Puerto Rico se va rezagando cuando ni San Juan Antiguo, ni San Germán - ambas poblaciones que entiendo eminentemente cualificadas para ser dignas representantes boricuas a esta importante lista - pueden ser consideradas. Tenemos que poner ojo a lo que ocurre en países cercanos y asegurar proteger lo que poseemos y darlo a conocer a través del planeta!

Hay que felicitar a la comunidad conservacionista cubana por este logro; y redoblar solidariamente la defensa de lo que nos queda en suelo boricua.

Reportajes sobre Camagüey Histórico:

- Uno del diario Adelante de Camagüey

- Uno de la oficina de cultura de la ciudad

- Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey

Esta noticia representa la importancia del pueblo cubano de identificar, proteger y manejar sus numerosos lugares históricos para resaltar su identidad. ¡Bravo por los arquitectos y conservacionistas cubanos! Ellos son verdaderos HÉROES de una GLORIOSA REVOLUCIÓN que va creando nuevos hombres y mujeres que son la esperanza de nuestro planeta.

P&S09/¡A CONSTRUIR HOY EL MAÑANA DEL PASADO!

Ahora es que Patrimonio y Sociedad se ha resuelto ¡CONSTRUIR HOY EL MAÑANA DEL PASADO!

Esta es la nueva consigna que P&S ha decidido promocionar en este año. Hay que ser diligente en una situación incierta, tenemos que ser vigilantes, hay que fundir el patrimonio con la conciencia social. La construcción del mañana del pasado es el presente de todos los amantes de la cultura.

CON ESTO: ¡BIENVENIDA AL NUEVO AÑO, 2009, A TODOS NUESTROS LECTORES!

Jorge Ortiz Colom - fundador de Patrimonio y Sociedad/P&S

Un año que viene, y otro que se va... se va... ¡y se fue!

Llegamos de forma atropellada al cierre del tumultuoso año dos mil ocho. Seguramente, muchos lo quieren olvidar. Para mí no ha sido fácil, con el clima autoritario en la agencia cultural en la cual trabajo o intento hacerlo. Esto sin embargo me hizo vincularme intensamente a los crecientes esfuerzos comunitarios orientados al rescate del patrimonio en sus vecindarios y comunidades.

Presento, del noticiero de mi grupo de Facebook Patrimonio Histórico de Puerto Rico, un muestrario de las campañas en las cuales he tenido participación o cierto grado de conocimiento, como ejemplo de ese crecimiento cívico de esa conciencia patrimonialista. Con ésto quiero presentar a mis lectores un necesariamente incompleto "resumen del año" - el cual a veces me parecía que iba a perder su tilde y hacerse otra cosa.

14 de agosto de 2008

EXTRA: RESUCITA EL PIRATA COFRESI Y SE PREPARA PARA SAQUEAR LA COSTA DE MAUNABO!!
Solo que ahora no se llama Roberto...

La costa maunabeña se prepara para recibir el golpe más destructivo imaginable a su belleza e integridad: un monstruoso complejo turístico con 240 casas y sobre 500 apartamentos, mas un hotel con casino y un centro de convenciones enorme se va a levantar en la hermosa planicie verde entre el barrio Emajaguas y la península de Punta Toro, el punto exacto donde la Cordillera Central muere en el mar Caribe.

Un especulador y "empresario inmobiliario" residente en Caguas, un tal Iván Cofresí Capestany, el resurrecto PIRATA COFRESI con toda su rabia corsaria y nada del sentido de justicia atribuido al Roberto del siglo XIX, maniobra su siniestro velero llamado REDMAG INC. hacia este paraje natural ubicado precisamente entre donde estarán los dos túneles de la carretera que conecta desde Yabucoa. Cañoneando con maquinaria pesada procederá a desfigurar este paraje embutiendo en 132 cuerdas casi un millar de unidades entre casas, apartamentos y cuartos de hotel. Además el pirata tiene que ingeniarse para acomodar la friolera de 1300 automóviles de visitantes y huéspedes del hotel (sin contar sobre 500 más de residentes permanentes en las casas) apenas dejando algunos intersticios de naturaleza entre medio.

El plan del pirata Cofresí es urbanizar este segmento de costa con casas de lujo al son de una "inversión" de sobre $200 MILLONES (éso es dos terceras partes del costo estimado de Paseo Caribe, señores). Este lugar no será asequible a los maunabeños que son en su mayoría de limitados medios económicos. Es esencialmente la apropiación de la costa para la clase adinerada. Y en lo que nos respecta, una masacre al paisaje cultural de la zona: oblitera un camino real antiguo, posiblemente en uso desde tiempos indígenas; y destruye la placidez tradicional de esta costa, que es parte del atractivo de la zona, ampliamente visitada por su tranquilidad y ambiente familiar y campestre (a pesar de la horrenda excrecencia de Villas del Faro más al oeste).

Por desgracia, el pirata ha sacado todos los permisos para la consulta de ubicación 2000-74-0642-JPU. Inclusive la muy meticulosa Junta de Planificación le dio un extraordinario bono a Cofresí: lo EXIMIO EXPRESAMENTE de pasar este proyecto por vista pública porque ya y que tenía el aval del alcalde Jorge Márquez y del Departamento de Recursos Naturales (estos van a tener mucho que explicar en todo esto). Vamos a rezar un réquiem anticipado por los Coquís Guajones, los Tinglares, y los montes de Pandura que se van ajuste en esta atrocidad infligida a la costa... pronto más detalles aquí y en otros foros.

LUCHA ANTI-GASODUCTO ARRANCA EN FA EN SALINAS
Y el dúo AEE-SKANSKA está de carrerita!

En decisión unánime, la Asamblea Municipal de Salinas, en la noche del martes 12 de agosto de 2008, resolvió no apoyar el controversial y peligroso proyecto del Gasoducto del Sur que la AEE empuja con toda desesperación.

Mientras los asambleistas deliberaban, casi un centenar de lideres comunitarios y ecologistas montaron vigilia frente a la alcaldía salinense, con velas, oraciones y cantos. El fervor de los en vigilia - dirigidos por el lider ambientalista local Víctor Alvarado y el sacerdote Pedro Ortiz Santiago, de la militante Parroquia la Providencia de Caguas - dio frutos alrededor de las 9:10 de la noche, cuando los ediles salinenses decidieron incluir esta resolución como asunto prioritario en sus deliberaciones.

Ahora esperamos que este acto valiente de la asamblea de Salinas se replique en otros pueblos de la zona afectada y que se detengan las obras que la AEE ha empezado de forma apresurada y sin encomendarse a nadie. Se han visto obras al oeste de Arus en Juana Díaz y en los campos de Santa Isabel. Cuál es el ajoro de Energía Eléctrica y su desacreditado contratista SKANSKA?


28 de julio de 2008

EL GASODUCTO DEL SUR: UNA AMENAZA PARA EL PATRIMONIO RURAL DE LA CAÑA
El "Superpe[d]o" amenaza dos siglos de historia, por no hablar de la seguridad de los vecinos...

A toda prisa la Autoridad de Energía Eléctrica intenta empujar un gasoducto para llevar gas natural como combustible desde Guayanilla/Peñuelas hasta Aguirre en Salinas, supuestamente para lograr economías usando este combustible para operar el grupo electrógeno que la AEE posee en este último lugar.

Improvisando y variando rutas mientras la oposición a este embeleco crece como un tsunami de verguenza, numerosos restos de lugares históricos relacionados con dos siglos de cultivos de azúcar en estas tierras sufren la amenaza de ser estropeados por las obras de construcción del "superpe[d]o", o arriesgarse a ser destruidos si acontece - como es bastante probable - un incendio o una explosión en algún punto del tubo.

Entre los recursos más amenazados se hallan los canales de riego, algunos aun en uso y muchos obras maestras de la ingeniería hidráulica del siglo XIX y principios del XX; la servidumbre (ya protegida por ley) del antiguo Tren del Sur; y restos de estructuras agrícolas tales como grúas, rampas y edificaciones vinculadas con el desarrollo de la sociedad cañera que tanta impronta dejó en la vida y costumbres de esta zona, y cuyos referentes visibles desaparecen inexorablemente bajo el olvido y la especulación de la tierra.

No faltaba más que el Gasoducto acabara de complicar este panorama; no sólo añadiendo más daños al paisaje cultural de la zona, sino amenazando la salud e integridad corporal de decenas de miles de vecinos a lo largo de un trayecto mal planificado a menudo adyacente a viviendas, escuelas e instalaciones sociales de la población.

Muchos trayectos del ducto pasan paralelos a recursos históricos que son vistos como un estorbo al mal entendido "progreso" - por ejemplo, los canales de Potala en Juana Díaz; la vieja estación de tren en Santa Isabel, y varios tramos de la vía del tren. Una burócrata del ICP recomendó que excavaran "de lado" para no alterar la servidumbre de las vías, pero exactamente debajo de ellas discurren tramos del infernal tubo. Con esto podemos olvidarnos de rescatar este tren para el turismo y para la agricultura regional. :(

El tubo, hecho sin informar a la población tras un proceso de vistas amañado y no anunciado, con gran misterio y sin contar con todos los endosos y permisos, es una bomba explosiva lineal, de unos 60 km de longitud, que puede explotar y destruir gente y cultura en cualquier parte de su trayecto.

OPONGAMONOS AL GASODUCTO DEL SUR... DILE NO AL SUPERPE[D]O!!!

12 de julio de 2008
PELIGRA SITIO DE GRAN VALOR EN DORADO
Paisaje cultural importante a orillas del río Lajas

La presidenta del Comite pro Defensa del Molino San Jacinto, Maria Amalia Meléndez, está dando la voz de alerta que una zona de alrededor de 5 cuerdas a orillas del río Lajas en la frontera de Dorado y Toa Alta corre peligro ya que los urbanizadores del proyecto adyacente "Molinos del Río" (sic) quieren construir una ampliación a la urbanización en una zona sensitiva por sus remanentes históricos y arqueológicos. Se han visto puntos de mensura en este boscoso terreno de la orilla norte del río (lado de Dorado) y se ha confirmado que debido a que el Municipio no asumió en cinco años el manejo de los terrenos comunes de la finca, de acuerdo a provisiones reglamentarias el urbanizador puede disponer de los mismos.

Esto afecta directamente las ruinas y remanentes de la Casona Nevárez de principios del siglo xx y el Molino de San Jacinto, usado para procesar maíz y que se levantó posiblemente en la primera mitad del siglo xix. También se ha afectado parte del antiguo canal que llevaba agua del río al Molino. Se está en este momento haciendo averiguaciones con las autoridades a cargo de arqueología sobre permisos o concesiones hechas a los urbanizadores, pero vaticinamos que hay que dar una campaña de denuncia ya que este lugar se sabe que posiblemente ha sido ocupado desde los siglos xvi-xvii y quizás muy importante en la historia agrícola del periodo colonial. Se cree también que aquí o cerca estuvieron las canteras de donde se extrajo la piedra para levantar varios monumentos importantes de San Juan tales como la Catedral y el Convento Santo Tomás de Aquino y aun la Iglesia de San José.

El lugar indudablemente es un palimpsesto de la historia social y agrícola de esta zona de Puerto Rico y tiene en nuestra opinión un significado nacional que trasciende consideracioes regionales. Por tanto es necesario que unamos fuerzas para evitar que este ultraje a este sitio de gran belleza escénica y valor histórico se sepulte tras otro proyecto de casitas caritas de cemento.

Pueden comunicarse con el Arq. Jorge Ortiz (asesor ad hoc) por este foro o con la Sra. Meléndez al 787-487-9830 o a molinosanjacinto@gmail.com

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MAYAGUEZ: LAMENTO POR EL "DOCKY"

Ya al momento de dar este parte el antiguo e impresionante edificio de madera que albergaba la empresa Mayaguez Dock and Shipping, llamado familiarmente el "Docky" y uno de los hitos urbanos de la zona portuaria de la Sultana del Oeste, debe ser un terreno vacío.

Los burócratas sin visión de la Autoridad para Financiamiento de la Infraestructura (AFI) pulsearon por casi dos años con los funcionarios del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Mientras, dejaron que - deliberadamente - este edificio, expropiado como parte de las obras de los Juegos Centroamericanos, se pudriera ante la intemperie y los elementos.

El querido "Docky" fue originalmente depósito de los curiosos y minúsculos tranvías de la ciudad, y fue construido originalmente a finales del siglo xix. Su sólida estructura con miembros entrecruzados de maderas del país resistió victoriosamente huracanes y el terremoto de 1918 y hasta su reciente expropiación estuvo continuamente en uso con fines comerciales. Su balcón de puertas con calado y su elegante simetría trascendían su origen franco e utilitario; su presencia era única en el paisaje portuario de nuestros pueblos (ni en San Juan, ni en Ponce ni en ningún otro lugar en Puerto Rico existió un lugar así).

Eventualmente las presiones y amenazas hechas por los de la AFI a los altos niveles del ICP torcieron la espalda de nuestra agencia conservacionista. Los visitantes a "Mayaguez 2010", en vez de hallarse con este impresionante edificio que pudo ser un lugar de cultura y diversión para atletas y visitantes, verán una tarja con foto, una lápida (RIP) por un edificio valioso ASESINADO por el egoísmo y falta de sentido de historia de los poderosos. :(

AIBONITO: SIGUE LA AGONIA DE DEGETAU Y UN PUENTE SUFRE

Ya el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la organización "Patronato del Archivo Histórico de Aibonito" (Paha) tiene personalidad y legitimación para poder demandar al Municipio por su actitud de no conservar la antigua Casa Federico Degetau, causa apoyada masivamente por gran parte de la comunidad y del país. Aun queda pendiente si el Departamento de Justicia podrá o no zafarse de su responsabilidad como fiduciario de los bienes testamentarios del prócer y que el testamento de 1913 pueda finalmente actualizarse y administrarse. De ser así se espera que la casa se convierta en un centro de cultura y biblioteca.

Una vez resuelto este asunto, y esperamos antes de finalizar el año, debe proseguir el pleito en el cual Paha exige la conservación y habilitación con fines culturales de la casona levantada en ladrillos a principios del siglo xx. Mientras, no ha habido acción del Municipio de designar o enviar informe de evaluación - como acordado administrativamente ante la Junta de Planificación - sobre la casona, la cual se deteriora inexorablemente en su ventajosa ubicación a apenas dos calles de la plaza de recreo.

El estudio sobre los materiales de la estructura, a hacerse por la Arq. Diana Luna y el Ing. José Izquierdo, no se ha hecho o al menos presentado a las agencias reguladoras, violando una promesa de hacerlo para febrero pasado. Aparentemente, al hallar que gran parte de la estructura existente incluye las paredes de ladrillos originales, el Municipio se ha dado cuenta que su arrogancia de decir que la casa era moderna y sin valor los ha hecho estrellarse contra un muro - de ladrillo, supongo :) - producto del hablar sin conocimiento de causa.

Es urgente redoblar esfuerzos ya que el Alcalde con sus abogados y consultores planea una estrategia y ofensiva para conseguir, si puede antes de las e(l/r)ecciones, limpiar el terreno y construir el adefesio propuesto y ya diseñado para el lugar.

Cerca de ahí, la desidia y lentitud en las obras viales urbanas pone en riesgo el venerable Puente Wheeler, primer puente en Puerto Rico con arco de hormigón (1900) el cual ha sido recargado con más de un pie de brea, pintado con pintura amarilla con plomo, y descuidado hasta más no poder.

Se dice que se hará un parque a lo largo de la quebrada que el puente cubre, pero no ha habido gestos ni para proteger las riberas, mantenerlas limpias, o tapar las conecciones sanitarias clandestinas que han hecho de la misma una fétida cloaca. Y varios estribos y muros laterales del puente muestran grietas. (Hay foto de este puente en nuestro álbum.) Ya el ICP inició reuniones con vecinos preocupados con este asunto y que lamentan el olvido con el cual se sepulta este valor histórico de la comunidad.

25 de junio de 2008
LA BATALLA DE RIO PIEDRAS: PRIMERA ESCARAMUZA

Ahora el Municipio de San Juan propone iniciar las expropiaciones con el fin de empujar el proyecto urbano denominado Rio 2012, el cual destruira la diversidad urbana de la ciudad universitaria para reemplazarla con bloques uniformes de entre 5 y 8 niveles, hechos en alto costo e inasequibles para la comunidad.

Ya los residentes, comerciantes y propietarios han formado una junta comunitaria que se organizó el jueves 19 de junio de 2008, a lo cual el Municipio formó su grupo de trabajo en el cual los verdaderos afectados son minoría. La comunidad pidió una evaluación al Arq. Edwin Quiles, exprofesor de arquitectura en la UPR y experto en urbanismo, historia urbana y trabajo comunitario asi como al Prof. Juan Giusti Cordero, a su vez director de CAUCE, entidad que lleva algun tiempo trabajando con los problemas urbanos de Rio Piedras.

Quiles criticó severamente la solución arquitectónica del proyecto y la comparó con los desplazamientos y destrozos causados por los especuladores respaldados por el gobierno en el sector San Mateo de Santurce. Giusti ve aspectos favorables en las premisas del proyecto pero no está convencido de que esta implantación sea la correcta, sobre todo cuando el Municipio saltó de los planes preliminares y consulta a un proyecto empaquetado con diseños ya decididos.

Ya las expropiaciones estan causando el caos con los desplazamientos de inquilinos de bajos y medios ingresos y se da la interrogante si este proceso hara mas dificil la obtencion de hospedaje adecuado para los estudiantes de la UPR ya que muchos viven o patrocinan el sector.

Tampoco se ha evaluado - a entender del moderador de PHPR - el impacto que estas obras pueden tener con edificios antiguos y de posible valor historico que existen en el area, la mayoria de la epoca 1920-1950 que representan estilos como neoclasico tardío, revival español, art deco, art moderne etc. Otra vez, acaso, sepultarán lugares patrimoniales rescatables... como pasó en Santurce con el Hospital Mimiya de Carmoega, un edificio de Klumb, y varias casas de apartamentos y algunas mas antiguas de madera, hasta con mediospuntos?

Esto de Rio 2012 es solo el comienzo... volveremos a ver el fantasma de la especulacion y el desalojo de los humildes sobre otro sector tradicional e historico de nuestra capital.


30 de noviembre de 2007 (¡PERO CON PERTINENCIA PARA 2008 Y 2009!)

PELIGRO URGENTE: LOS LEGISLADORES QUIEREN VOLVER A TRAQUETEAR CON EL PROCESO DE PERMISOLOGIA OTRA VEZ (todavía la amenaza sigue)

Calladamente la Cámara de Representantes y su comisión de Gobierno están empujando desde el pasado 17 de octubre el Proyecto de la Cámara 4001 de la presidenta de la comisión Jennifer González y el representante popular Este proyecto crea una superagencia de planificación y ambiente superpuesta encima del aparato burocrático existente. Impide la objecion de permisos "finales" aunque sean trampeados, desmantela casi todas las agencias endosantes y pretende reforzar agencias con padrinos tales como el DTOP (canalizaciones de cuerpos de agua) y la Oficina de "Conservación Historica".

La Comisión de Gobierno NO hace vistas públicas, solo ejecutivas y no indica cuando se discute este proyecto particular. Debemos exigir vistas públicas e información amplia sobre este proyecto y evitar que lo traten de "descargar" (aprobar sin debate). Creo que hay intereses, dentro y fuera del gobierno, que quieren beneficiarse - "desarrolladores" y jefes de agencia que no se conforman con su dinero, poder o influencia. Todos nos llevarán al infierno por la vía expreso si los dejamos.

¡GUERRA CONTRA EL PROYECTO DE LA CAMARA 4001!!

Con este muestrario de luchas y campañas - ninguna en rigor resuelta, más el caso de P[as]eo Caribe que he mencionado en otras entradas de este blog - vemos que es necesario nuestro trabajo resuelto para darle al patrimonio el sitial merecido dentro de nuestra vida cultural y espiritual. La ausencia y destrucción de la memoria puede ser una herramienta bélica y política altamente peligrosa que puede desarraigar en muchos sentidos a sus víctimas. El escritor inglés Robert Bevan escribió un poderoso alegato, The Destruction of Memory ("Destrucción de la memoria": Londres: Reaktion Books, 2006) donde muestra el poder del patrimonio con el contraejemplo de su destrucción, mutilación o ausencia. Este inteligente libro debería traducirse al castellano para que la gente de este rincón del mundo sepa lo importante que es el patrimonio en nuestra sociedad por su mera presencia. Nos toca con la acción asegurar que esta presencia sea sostenida y a prueba de la violencia entre los humanos.

Para resumir: yo NO deseo un "feliz año nuevo" a NADIE. Lo que insto es que desde ahora construyamos felicidad viviendo, luchando y cantando a la promesa de un mejor futuro y que esa felicidad se le impartamos al año dos mil nueve que ya asoma su faz en parte del globo al momento que redacto esta nota. O sea, ¡HAGAMOS FELIZ NUESTRO NUEVO AÑO!

REUSO DEL ESPACIO PATRIMONIAL Y SOCIEDAD CIVIL / Una percepción sobre la situación actual en Puerto Rico

Nota: Esta fue la ponencia sometida por este servidor el 13 de agosto de 2004 al XI CONGRESO IBEROAMERICANO DE URBANISMO en San Juan de Puerto Rico, y fue aceptada y leída el 23 de octubre de dicho año. Esta fue la que me abrió las puertas a conectarme con el grupo de trabajo de Santurce no se Vende, como reseño en mi grupo de entradas denominadas Learning from San Mateo. No incluyo las ilustraciones por razones técnicas.

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Al hablar de reciclaje y reutilización de lugares y territorios, se socorre mucho a la estrategia patrimonial. Una designación valoriza y apropia socialmente elementos “definitorios de carácter histórico y patrimonial” de bienes inmuebles y territorios. Cuando se obliga a retener edificios, grupos de edificios y paisajes se siente que se cumple con una misión moral y patriótica, que se hace parte de una campana cultural y humanitaria.

En Puerto Rico, la praxis de conservación cultural presenta intensidad y rápida maduración de conciencia, aunque nivel técnico desigual. Hace veinte años, casi no se valoraban los lugares antiguos excepto aquellos de mayor valor singular o carga histórica, o la gloriosa excepción del San Juan Antiguo. Pero la nueva historiografía de lo cotidiano y el ejemplo de lucha del ecologismo han abonado a la militancia patrimonial (1). La seudomodernización a rajatabla, la hipertrofia urbana, la fealdad del paisaje colectivo y la degradación ambiental han chocado con la sensibilidad de un grupo social intermedio, de relativamente alto nivel cultural, proclamados abanderados en sus comunidades del carácter especial de su cultura espiritual y material. Muchos son educadores, artesanos o líderes cívicos naturales. Muchos esgrimen este “patrimonismo” resistiendo presiones urbanísticas homogenizantes, o a la violación de hitos e imágenes que dan sentido de localidad – aunque sin cuestionar por el momento las estructuras político económicas que las alientan. La causa se nutre de retórica sobre valores históricos y sitios de recuerdo para la comunidad, de la familiaridad de instituciones y lugares largamente aceptados como parte del paisaje, de respeto a las generaciones precedentes y evitar la dilapidación del conocimiento acumulado de la comunidad.

Las luchas más frecuentes protestan por el espacio cívico: ante todo el destino de las plazas de recreo de los pueblos. Las tradicionales y obligadas plazas centrales , por su alta visibilidad y carga simbólica, son reformadas con frecuencia por los municipios en busca de presentar acción visible y prestigiosa. Con fondos del estado fácilmente disponibles, cada década ve cambios a menudo radicales en estos espacios. La comunidad piensa que su fin óptimo es el de parque pasivo, vigente desde el ultimo cuarto del siglo xix, pero algunos de estos espacios han sido resignificados por las autoridades como un híbrido de salón de conciertos al aire libre, parque, y exhibición de arte publico de gusto vanguardista y apenas entendido por una comunidad largamente acostumbrada a las reproducciones clásicas, los ajardinamientos semiformales y la estatuaria conmemorativa.

Las autoridades no acostumbran deliberar con el pueblo sobre las razones profundas del espacio cívico por lo cual la sociedad civil ha tenido que apropiarse de espacios de diálogo mediante activismo y aprovechamiento de los medios. Así se hizo en 1996 en Jayuya, poblado de las montañas del centro. El Centro Cultural Jayuyano exigió cuentas al municipio sobre un megaproyecto fantasioso que hubiera obliterado gran parte del centro urbano, incluyendo una antigua escuela percibida por la comunidad como un monumento local. Los voluntarios del CCJ reunieron a más de 185 personas para ventilar las objeciones a este proyecto, pidiendo cuentas a sus diseñadores (quienes eran de la capital, por cierto). Tras meses de tensión y el rechazo en elecciones al autoritarismo del alcalde (parcialmente debido a su actitud frente a este caso), su sucesor optó por intervenir de forma incremental en el centro urbano, incluyendo la rehabilitación de la antigua escuela, hoy convertida en un exitoso centro universitario.

En un caso mas reciente (marzo de 2004), la organización ecologista Casa Pueblo de Adjuntas alertó sobre la amenaza a la descaracterización de la plaza de esa ciudad también de la altura. Obtuvo copias de una propuesta que eliminaba la tradicional división tripartita (faja central abierta flanqueada por otras dos ajardinadas y con árboles) por una enorme fuente central y grandes dosis de pavimento. Los funcionarios regionales del Instituto de Cultura Puertorriqueña, quienes tienen que endosar el proyecto, alertaron al alcalde sobre lo inaceptable de tal propuesta, y posteriormente el Municipio postuló otra alternativa, actualmente en fase de diseño, que aparenta respetar el trazado general del espacio.

El activismo ha trascendido de las plazas. En 1997, voluntarios culturales y estudiantes escolares hicieron una barricada para evitar la destrucción de la casa Fernández Garzot, construida a fines del siglo xix, en Naguabo (2). En ese año también un grupo comunitario exigió investigar los valores históricos de un terreno entre Toa Alta y Dorado, en la zona norte de Puerto Rico que está sujeta a intensas presiones de urbanización. Un primero estudio arrojó ausencia de restos culturales, pero el grupo cabildeó dolorosamente ante el icp para exigir una segunda prospección arqueológica que sí mostró abundancia de recursos. Aunque el proyecto urbano fue construido, este se achicó salvando 2 hectáreas dentro de las cuales se cree que puede estar la mítica Granja de los Reyes Católicos, primer latifundio colonial español en Puerto Rico y uno de los primeros de América (3). La investigación en este terreno sin embargo está detenida por falta de recursos.

Las reivindicaciones patrimoniales comunitarias han llegado a la compleja ciudad capital. En el populoso pero degradado sector de Santurce hay tres iniciativas simultáneas para rescatar los sectores de Miramar al oeste, San Mateo (sitio del poblado original de Cangrejos) al centro y el sector donde ubica la universidad del Sagrado Corazón al este. En este caso la bandera del patrimonio cultural trata de redefinir “urbanidad” en su sentido mas amplio. Al reclamar que el cambio urbano sea respetuoso del sedimento histórico acumulado y que sea ante todo incremental y no drástico, están estableciendo una política urbanística de reuso mediante ajuste y no mediante descarte y sustitución como lo han sido infinitos procesos de “renovación urbana” experimentados con dolorosos cataclismos y patologías sociales – delincuencia, comportamiento destructivo.

Quizá sin darse cuenta, confirman los previsores análisis teóricos de urbanistas tales como Christopher Alexander, los hermanos Krier, Jane Jacobs y otros, que han concebido a la ciudad como un ente complejo con una gran capacidad de autorregeneración. Esta estrategia no es precisamente nueva en Puerto Rico, pero es novedad la inclusión de la causa patrimonial y el activismo cultural integrado: museo comunal, exhibiciones, arte callejero y recopilación de historia oral, esta no como mero estudio sino como argumento práctico en la dif ícil negociación con las autoridades. Particularmente en el sector San Mateo, el mas popular de estos lugares, que muestra un idiosincrático palimpesto de calles de variada escala y alineación, residencias compactas en solares de gran fondo, y el uso abundante de balcones y comercios en los bajos, la historia recopilada se convierte en herramienta de política urbanística (4).

Ahora se empieza a esgrimir la cultura para la protección de lugares rurales, confrontando la aparentemente imparable especulación urbanística directa o indirecta sobre ellos. Actualmente se tratan de proteger unas 400 ha. entre los municipios de Cayey y Salinas en las cuales, además de sus indudable valor ecológico, se ha esgrimido la importancia del lugar como paisaje cultural. El lugar conserva remanentes de fincas ganaderas y pequeñas propiedades usadas para huertos y tabaco, donde el latifundismo de caña y café jamás penetró. Se han hallado en el lugar caminos antiguos, arte rupestre, bateyes o plazas ceremoniales indígenas y los restos de una aldea rural abandonada de sencillos edificios en madera. En ciertos lugares existen grandes conjuntos de terrazas agrícolas en piedra cuyo origen se debate entre indígenas o colonos de origen canario. Empleando los conceptos de paisaje cultural definidos por organismos como la unesco (5), esta propuesta reserva dejó de ser una colección de montañas, ríos y árboles y ha adquirido una dimensión trascendente gracias a la historia. Los restos de los antepasados serán referentes reales para el tratamiento del lugar. Cerca de allí, el municipio de Cayey intenta rescatar los “caminos reales” antiguos de sectores cercanos, conservando así la memoria del tejido conectivo que por milenios unía los poblados y asentamientos humanos dentro de las escarpadas montañas. Y la historia así rescata presenta la cotidianidad de un tiempo donde la relación entre humanidad y naturaleza era distinta y puede ser espejo para reflexionar sobre nuesto dilema actual.

Esta breve sinopsis sobre el auge del patrimonialismo se complementa con la incorporación lenta pero firme del valor de la cultura material dentro de las actividades educativas. Un grupo comunitario pro-patrimonio en Arroyo, formado en este momento mayormente por profesores de la escuela secundaria local, ha organizado conferencias y módulos educativos sobre patrimonio en el municipio, antiguo puerto agroexportador durante el siglo xix y punto de entrada a un fértil valle azucarero. En lugar de las habituales excursiones, se formó un novedoso proyecto de investigación y creación de maquetas de edificios y estructuras locales, algunas de ellos por cierto largamente desaparecidos. Así, los estudiantes se convirtieron en recreadores de un pasado alternativo con aportaciones significativas a la memoria de la comunidad que posiblemente puedan traducirse en prácticas de recuperación de lo desvanecido.

No se tiene claro los pasos concretos para que muchos grupos culturales traduzcan a efectos concretos sus logros cívicos. La pérdida de la técnica tradicional ha sido vasta, aunque el centro cultural de Aibonito celebró en el verano de 2003 un taller sobre empañetado de cal con práctica sobre las paredes de su local – una centenaria casilla de camineros en ladrillo. Otros lidian con las complejidades del proceso burocrático de obtener designación oficial, lo que implica negociar con varias agencias tales como la Junta de Planificación, la cual tiene la última palabra en registro estatal de bienes históricos inmuebles. Líderes culturales de Maunabo acaban de negociar que se acepte la solicitud de designar los restos de la antigua y abandonada central azucarera Columbia para asegurar que si la propiedad, que es privada, se vende a intereses no comprometidos con la cultura, esta tenga que respetarse y reutilizarse sin perdida de su integridad – y la esperanza que por alguna vía, desalentando la especulación sobre estos terrenos, reviertan a la comunidad como infraestructura cultural para actividades y promoción de las artesanías (6).

La inserción de la sociedad civil en la praxis de conservación del patrimonio y los consiguientes efectos concretos sobre ciudad y territorio es en el caso de Puerto Rico la coyuntura más esperanzadora para asegurar el reuso de lugares venerados y de impacto simbólico para el pueblo. Pero es un sendero apenas empezado y fraguado de incógnitas, caminado por muchos en igual dirección pero con metas aun no claras. Lo que no podemos hacer los urbanistas es ignorar la eclosión y auge de este movimiento.
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NOTAS:

(1) ORTIZ COLOM J. (2002), Patrimonio, historia y territorio. Ponencia presentada en el Congreso Interamericano de Planificación, San Juan, 22 de agosto.

(2) ANONIMO, ed. (s.f., 1998?), “La Floresta de la Riviera: dos grandes sueños que se convierten en realidad”. Folleto publicado por el Centro Cultural de Naguabo.

(3) GARCIA GOYCO, O. (1999), Estudio arqueológico fase II. Haciendas de Río Lajas, Dorado, P.R. Informe sometido al Consejo de Arqueología Terrestre de Puerto Rico.

(4) www.santurcenosevende.org, accesado por última vez el 10 de agosto de 2004.

(5) Información disponible en whc.unesco.org, sitio del patrimonio mundial de unesco. Accesado 10 de agosto de 2004.

(6) AMARO MORALES, C. (2004), “Invita al pueblo a luchar por el Batey Columbia”, Periódico La Esquina, agosto, p. 11. Sobre los reglamentos pertinentes de designación ver: JUNTA DE PLANIFICACION DE PUERTO RICO, Reglamento de Conservación, Registro y Designación de Propiedades Históricas, Reglamento de Planificación numero 5, definiciones y capitulo 3.

La mayor parte de las experiencias relatadas en esta ponencia han sido resultado de la praxis del autor dentro de diversas luchas culturales comunales asesoradas por el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Learning from San Mateo (II)

Tras participar en un simposio de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación en octubre de 2004 fui invitado por la líder comunitaria Mary Anne Hopgood a dar una charla basada en el tema de la conservación patrimonial como reciclaje de edificios, que había sido mi tema en mi ponencia de aquella ocasión. Esta charla para el pueblo se dio a mediados de noviembre en el Museo del Barrio, un excepcional espacio cultural ubicado en los bajos de un edificio de dos plantas - de escala modesta aunque en sí no una estructura antigua - en la calle Candelaria de San Mateo. Tras exponer mis puntos y recibir insumos de los presentes, y mirando hacia las oscurecidas calles del vecindario, le sugerí a Mary Anne por qué no evaluar este sector por su posible importancia patrimonial.

Así las cosas, nos tiramos a principios de diciembre de ese año a observar el vecindario en una sesión de fotos y de husmear por casas y terrenos abandonados que empezó temprano por la tarde un domingo y llegó hasta cerca de las ocho de la noche. Amparo Echeandía, Mary Anne y yo fuimos el intrépido trío de exploradores que ya antes de anochecer nos habíamos convencido que el lugar era un verdadero recipiente de casas históricas representativas de la primera mitad del siglo veinte; inclusive elementos de la tradicional Casa Criolla tales como los medios puntos y los balcones amplios aparecieron en varias. A éso se añadieron dos edificios cuyos arquitectos pudieron rastrearse: uno comercial de Henry Klumb y el Hospital Mimiya de Rafael Carmoega Morales.

¡La zona tenía valor patrimonial! - efectivamente, no era seguramente un Viejo San Juan; pero presentaba otro momento importante en el crecimiento y evolución de la capital. Ademas era un tipo de arquitectura que por su origen mayormente vernáculo, de la mente de incontables maestros de obra los cuales en muchos casos quedarán anónimos, explicaba un importante capítulo en la evolución del proceso de producción de ciudad y vivienda. Y ante todo, eran viviendas ya amortizadas que solo presentaban al dueño el desembolso de su mantenimiento y el pago de servicios de infraestructura como electricidad, teléfono y agua de acueducto.

Era en fin, el tipo de lugar que, como pensaría Jane Jacobs, facilitaba la vida en ciudad a sus ocupantes y creaba una verdadera y genuina cultura urbana. El potencial de estos espacios para usarse como lugares para artistas o como zona de viviendas accesibles para los empleados de gobierno que van al cercano Centro Gubernamental, abriría oportunidades ilimitadas a gente con vision: pero lo unico que pensaban los burocratas de Vivienda era ver en cuanto se subastaba la tierra sin edificios y sin gente a un developer obsesionado por crear viviendas de "lujo" que pudiera descargar a compradores-inversionistas apenas interesados en habitarlas.

Y me propuse escribir sobre esos valores de lo cual salieron excursiones por el lugar. Aprovechando la frescura de la noche temprana, hicimos unas tres o cuatro visitas por el desolado y tenebroso barrio para recrear con el impacto de la interpretacion verbal y la evocación de tiempos idos lo que una vez fue un vibrante vecindario. Estas excursiones fueron más ampliamente concurridas que lo que originalmente creíamos, y encima de eso fueron integradas a espectáculos teatrales que fueron parte integral de la lucha por resistencia de este vecindario.

Vertebrar esta resistencia con una buena dosis de drama callejero ayudó a mantener la moral de los luchadores en alto, y a prolongar la duración de la campaña sin pérdida de entusiasmo para sus participantes. Entre los actos hechos estuvieron las "ánimas" de los residentes ya desplazados que aparecian como espectros de casas, calles y terrenos; estuvo el regalo de un "bizcocho" repartido entre especuladores al Secretario de la Vivienda Jorge Rivera; y se dio un entierro simbólico que desfiló por las concurridas calles del sector de la Parada 22 en medio de un importante festival gastronómico llamado Santurce se pone Sabroso. ¡Y bien sabroso que se dio con el condimento de ese piquete-entierro pasando entre los comensales azorados del festival organizado por Turismo estatal y el Municipio!

(Continuará)

P[AS]EO CARIBE CANTA LA VICTORIA: ¡NO SE RECUESTE DE AHI, MR. WOOD!

Hoy cinco días antes de la Navidad de 2008, en el suplemento de Construcción del Nuevo Día (p. 21) la empresa de Mr. Arthur Wood anuncia, por fin, descaradamente y en inglés, las ventas para su ignominioso proyecto P[AS]EO CARIBE. ¡Ho, ho, ho, qué regalito!

Así los miembros del HSCCPR (High Stakes Corruption Club of Puerto Rico) proclaman que sí, nos podemos salir con la nuestra en este asesinato al urbanismo y al patrimonio. Pero yo les digo a Mr. Wood, y a sus s(o/u)cios que sabemos que este habitat para riquitos simbolizará per aeternam la injusticia sobre la ciudad, la falta de respeto a un importante lugar con valores históricos y de paisaje urbano y cultural, y en fin la poca cultura real que presentamos en nuestro país en cuanto a hacer lugares habitables: social, ambiental y culturalmente responsivos y que mejoren la vida de cada uno de todos. Cuando la burbuja especulativa se caiga y nadie pueda vivir en este complejo de apartamentos sobrepreciados e incómodos, Mr. Wood se dará contra el piso cargando con esta gigantesca pesa de hormigón que les aseguro que no durará mucho en este lugar.

Mr. Wood, el día de Paseo Caribe llegará igual que a este ejemplo en la Costa del Sol andaluza de España. ¡Apúntelo que se lo digo!

Learning from San Mateo (I)

Para el ya gastado Robert Venturi, Las Vegas (en Nevada, no Vega Alta y Vega Ba-ja) fue una supuesta cantera de lecciones sobre el atractivo de la construcción comercial, no creada por arquitectos, en la configuración del imaginario territorial estadounidense. Uno de sus entonces polémicos libros se intituló Learning from ("Aprendiendo de") Las Vegas ("lus VÉI-gas" pronuncian los gringos) y fue la coartada para edificar miliardos de metros cuadrados de mediocridades "postmodernas" en el mundo, amén de justificar la bancarrota moral de la arquitectura formalista aun en boga entonces.

Entre los principios venturianos esbozados en ese libro y su antecesor Complexity and Contradiction in Architecture está, sin embargo, la idea de la messy vitality, la "vitalidad revuelta" tan ausente de la antisepsis brutalista y de las numerosas malas copias del neoestilo amalgamado Bauhaus-Corbu (aunque en Europa, ambas escuelas eran como agua y aceite, no mezclaban) que fueron la arquitectura moderna en Norteamérica.

Enter Jane Butzner Jacobs, mi amiguita in abstracto: hace 48 años atrás haló la palanca de la alarma que los esquemas de los B-Cistas para renovar las ciudades destruían las finas redes sociales construidas por consenso comunitario en vecindarios urbanos de faz zalapastrosa pero inmensos en corazón y oportunidades de crecimiento personal y espiritual. Para Jacobs esos vecindarios, lejos de ser "tumores" extirpables, eran en realidad los incubadores de una recia cultura y economía urbanas, el condimento citadino que estampaba IDENTIDAD a su urbe anfitriona. Ella, en efecto, también llegó a hallar una vitalidad que tras su apariencia messy era en verdad prolegómeno de un bienestar colectivo rayano en la felicidad. Y es esta vitalidad proyectada en el dinamismo cotidiano la que aquí en adelante me concierne.

Fast forward a San Juan Metropolitano, primera década del siglo XXI: en el yermo de un conglomerado edificado se hallaba esta joya de contraste y escala humana que era el barrio de San Mateo de Cangrejos. Cuatro tramos de calles rectas pero no ortogonales encapsulaban el misterio de la evolución de este sector capitalino en la primera mitad del siglo xx. Desde la avenida de Diego - referente al trazado general de la ciudad - la calle local Antonsanti y las calles terciarias Iglesias, Mandry y Candelaria, estaba guardado para sus vecinos y para nosotros el tesoro de una increible diversidad de estilos vernáculos salpicados con humildes intervenciones de Carmoega (el nunca bien lamentado hospital Mimiya) y Klumb. Como foil al monumental y pretensioso Museo de Arte y a las brutalistas torres de la burocracia, las callejas de San Mateo eran el verdadero "centro de todo" (título mal arrogado por un mall en Hato Rey); y para sus vecinos un verdadero centro del universo.

Acercamientos, primero tentativos y luego intensos con el liderato comunal llevaron a una intensa colaboración con personas como Mary Anne Hopgood, Amparo Echeandía, Deborah Hunt, los Garayúa y otros vecinos y colaboradores. Recuerdo con especial afecto a don Meinardo, que pasaba sus años dorados junto a su gatito en la casa azul con antepecho de la Antonsanti; al venerable nacionalista y sobreviviente de la Masacre de Ponce, don Gilberto Serrano; a doña Carmen que vivia en la casa de madera adyacente al "museo del barrio" y a los Lasanta que han decidido quedarse hasta que el mollero de las máquinas los separe de su lugar vital.

He documentado aquí fragmentos de esa interesante arquitectura vernácula que deseo compartir con mis lectores, y que fue tristemente perdida entre noviembre y diciembre de 2005. Un triste regalo navideño de desolación y homogenización para un sector que si se leyera con otros ojos sería una verdadera cantera de opciones para vivir en ciudad con inteligencia, sostenibilidad y alegría.

Pero en verdad, de mi vivencia en San Mateo he aprendido a ser un mejor arquitecto, un mejor patrimonialista y (espero que) ser humano. En vez de absorber el oropel de la "ciudad del pecado, donde lo que allí ocurre allí se queda" [¡Sí, Pepe!], mi learning ha sido de Santurce, la ciudad que su gente no va a vender, pero sí el gobierno "del pueblo de Puerto Rico" a precio de pescao abombao. :(

(Continuará...)

Paseo Caribe, los nuevos corsarios (III): los defensores

Tras un año de ausencia, he regresado a tomar este blog de Patrimonio y Sociedad (P&S) con el cierre de mi análisis de lo ocurrido en el caso Paseo Caribe, proyecto que a fin de cuentas se hizo por la fuerza de la plata sobre el sentido común y los reglamentos. Gloso - ya que muchos de mis lectores ya lo saben - las violaciones: no se respetó el Reglamento 23 de la Junta de Planificación sobre la entrada a la Isleta de San Juan al edificar sobre terrenos dedicados a vías públicas con el fin de reordenar el tráfico en la zona; se edificó un edificio privado sobre un bien público; y sobre todo se destruyó parte del sistema defensivo de murallas de la denominada "primera línea de defensa" que fue tan importante para detener el avance británico en 1797, que nos hubiera convertido en la isla hermana de Trinidad-Tobago en vez de una antilla hispana.

Copio para referencia esta parte del informe del "Tribunal del Pueblo" sobre la arqueología de Paseo Caribe:

En el año 2000, como requisito a la obtención de permisos con el ICP, San Gerónimo Development Corp. (SGDC) y Arturo Madero comisionaron a la arqueóloga Virginia Rivera [Calderón] para una Evaluación Arqueológica (EA). Dicha EA se llevó a cabo en terrenos del Coast Guard Parcel. Virginia Rivera en su EA Fase II, comprueba que las casas de la Guardia Costanera, ya demolidas, estaban construidas encima de la Primera Línea de Defensa de San Juan que era parte de la muralla histórica que rodeaba la ciudad.

Los terrenos del Fortín atraviesan todas las fincas, lo que significa que hay porciones de terreno del Caribe Hilton que también pertenecen al Fortín. El proyecto Paseo Caribe deliberadamente obvió esta evaluación arqueológica y construyó encima de la Primera Línea de Defensa, destruyendo parte del patrimonio arqueológico e histórico del pueblo puertorriqueño. Paseo Caribe impacta adversa y acumulativamente el área del Fortín.

Arturo Madero y SGDC se limitaron a obtener la liberación de los terrenos de la Guardia Costanera (Coast Guard Parcel) y la aprobación de la Fase III por el Consejo de Arqueología Terrestre, sin haber obtenido los permisos para el resto de las fincas debido a las segregaciones, agrupaciones de éstas cuya irregularidad ya denunciamos en nuestro Segundo Dictamen. La evaluación arqueológica subsiguiente fue realizada para otra de las partes del proyecto por el arqueólogo Jesús Vera, contratado por el Sr. Madero.

El Instituto de Cultura Puertorriqueña liberó los terrenos del Coast Guard Parcel luego de la Fase III, lo que significa que aprobó dicha evaluación arqueológica, pero solamente para esa parcela. Hasta este momento y por la información que tenemos, concluimos que no se realizó evaluación arqueológica alguna por el desarrollador sobre las parcelas restantes. No obstante, Madero utilizó esta única evaluación arqueológica de una sola porción del proyecto para alegar públicamente que el ICP había dado la aprobación al proyecto entero.

El ICP erró también al liberar esos terrenos del Coast Guard Parcel sin considerar que había restos de la Primera Línea de Defensa, ni paralizó el proyecto aún cuando la arql. Virginia Rivera recomendó otros estudios y recomendó salvaguardar los yacimientos encontrados. De hecho, no se sabe a ciencia cierta dónde fueron a parar los hallazgos encontrados en el proyecto y si fueron destruidos o no. Que sepamos, ni el Sr. Arturo Madero ni el SGDP avisaron de ningún hallazgo o yacimiento al ICP ni en 24 horas ni en ninguna ocasión, según dispone la Ley #112 de 1988.

Tampoco el Instituto de Cultura- aún habiendo comisionado un informe en el 2004 para delimitar y determinar la titularidad de los terrenos del Fortín de San Jerónimo- paralizó las obras de Paseo Caribe ni denunció que dichos terrenos eran de dominio público y, como tal, no se podían vender ni enajenar, y que cualquier contrato efectuado es nulo desde su origen y no puede convalidarse con permisos ni con consultas de ubicación.

A ésto añado que una tarde a fines de 2007, mientras trabajaba en Ponce, la arqueóloga Rivera Calderón me llamó para desahogarse de la ira y frustración causada por la manera olímpica en que sus recomendaciones profesionales fueron ignoradas y la poca seriedad de los representantes "oficiales" del Instituto en el proceso de testimonio en el cual cayeron en contradicciones. Sinceramente, para mí, fue un momento de vergüenza ajena al ver cómo las autoridades, supuestas defensoras de nuestros valores patrimoniales, demostraban improvisación e incompetencia, por no decir venalidad al dejarse seducir por la sensual voz del dinero y el poder de capitales inmobiliarios, para mí dudosamente habidos.

En el momento que conversaba con ella, francamente sentí una ira causada por la manera en que mi propia agencia, mi patrono, me defraudaba a mí, su empleado, con un comportamiento poco serio y sin darme la capacidad de poder aportar a la discusión sobre el tema. Si bien me especializo en el patrimonio del sur y sureste de la isla, este servidor trabajó hacia 1995, cuando fui director de Patrimonio Edificado en el ICP, las primeras gestiones para poder empezar la reparación del Fortín San Jerónimo y la provisión de medidas protectoras tales como un rompeolas. Hice la gestión de un estudio preliminar del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos para que se hiciera dicho rompeolas. Y ahora, doce años luego, se desaprovechaba mi conocimiento del caso y del sector para aportar constructivamente al análisis de este delicado caso. Y sé que otros conservacionistas, arquitectos y culturistas podían dar informaciones útiles: pensemos en Ricardo Alegría, Don Osiris Delgado, y los historiadores que se han especializado en el tema militar.

Tenemos que agradecer de los que nos defendieron de los cor$arios a la agrimensora Profesora Linda Vélez de la UPR en Mayagüez. Demostró concluyentemente con un estudio de mensura amplio y bien cuidado que "Paseo Caribe" fue hecho invadiendo los límites de la parcela pública propiedad del Instituto de Cultura Puertorriqueña, invasión a la cual los jerarcas de la agencia enarbolaron la bandera blanca con una actitud de pasividad y desidia, con el eterno reunionismo y dejadez generalizada. El estudio se ha convertido en un pesado pisapapel, al ser ignorada su gran autoridad y peso moral como herramienta para reconquistar las tierras comunes usurpadas desfachatadamente por Mr. Wood y sus secuaces.

Junto con los demás luchadores y peritos responsables que alertaron sobre el desastre de Paseo Caribe, merece aplauso el Arqueólogo Subacuático y director del consejo de esa especialidad, Juan Vera Vega. Vera expuso insistentemente la importancia histórica del Fortín (del cual, añado yo, tiene una configuración casi única y singular entre las cientos de fortificaciones costeras levantadas por España en América y Filipinas) y su papel estratégico como baluarte efectivo en la defensa de San Juan, sobre todo en la campaña de 1797.

Vera ha inspeccionado detalladamente la instalación y ha confirmado con sus propios ojos que las obras de Paseo Caribe han causado daños, posiblemente irreversibles a sus muros y cimientos. Mientras, quieren hacer un "lavado de cara" al edificio sin atender su estabilidad estructural y el paso de los años de las aguas marinas y las olas insistentes. Con la ayuda de una interesante presentación, el arqueólogo ha presentado la importancia de este lugar en nuestra historia, quizá más del que muchos de nosotros hasta ahora hemos reconocido. Y se hace acompañar de un grupo vestido de milicianos que dramatizan el valor de quienes repelieron al almirante Abercrombie en un aciago mes de abril.

Juan, Linda y Virginia, parapetados tras la trinchera patrimonialista, se han sumado a los numerosos luchadores del Campamento del Pueblo, a José Reyes (su coordinador), a los licenciados Antonio Fernós, Luz D. Rodríguez, Pedro Saadé; a Dinorah, Marian, Haydée, y muchos otros recursos que intentaron sin éxito parar este Godzilla urbano que es un proyecto de "clase mundial"... ¡de corrupción!

Invito a mis lectores a examinar el blog http://urbanismopatasarriba.blogspot.com/ para que vean cómo estos desarrollos sobre los patrimonios costeros se han hecho plaga en España... pero a su vez, luchadores españoles han logrado la eliminación de varios de ellos. :)